El Comité de Investigación de la Federación Rusa anunció este sábado que ha establecido la identidad del responsable directo del ataque al avión militar ruso IL-76, que transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos el pasado 24 de enero de 2024. El hecho, ocurrido en la provincia de Bélgorod, resultó en la muerte de 74 personas.
Según la investigación, la orden fue emitida por el comandante ucraniano Nikolái Dziaman, al frente de la 138.ª Brigada de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El avión fue impactado por un misil Patriot, provocando la muerte de todos los ocupantes: 65 prisioneros, 3 militares rusos y 6 miembros de la tripulación.
“Los militares que atacaron el avión cumplían una orden ilegal del comandante de la brigada y del mando superior”, detalló el comunicado.
“Se ha emitido una orden de búsqueda internacional contra Dziaman, acusado de cometer un acto terrorista.”
Acuerdo previo entre Moscú y Kiev
Uno de los puntos más sensibles del caso es que el vuelo tenía como objetivo transportar a los prisioneros para un canje humanitario previamente acordado entre Rusia y Ucrania. La ruta del avión fue informada por vía diplomática y estaba claramente definida, lo que hace que el ataque haya sido calificado como una violación directa del derecho internacional humanitario.
"La Dirección General de Inteligencia ucraniana sabía que íbamos a trasladar a 65 militares. Sabiendo esto, atacaron", declaró el presidente Vladímir Putin, asegurando que no se sabe si fue “por error, irreflexión o de manera intencional”, pero que el hecho es “innegable”.
Acusación formal y repercusiones diplomáticas
El Comité de Investigación afirmó que otros altos mandos del Ministerio de Defensa de Ucrania están siendo investigados como cómplices del crimen. El ataque ha sido catalogado oficialmente como un acto terrorista, dada la naturaleza humanitaria del vuelo.
El suceso reaviva las tensiones diplomáticas y complica el frágil equilibrio en torno a los acuerdos de intercambio de prisioneros, considerados una de las pocas vías activas de diálogo entre Moscú y Kiev desde el estallido del conflicto en 2022.
Este nuevo anuncio llega en un momento donde la credibilidad de las operaciones humanitarias entre ambos países vuelve a ser cuestionada, y podría generar presiones internacionales por una revisión del marco legal de las entregas y canjes de prisioneros en contextos de guerra.