El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en plena festividad, reabre el debate sobre la seguridad en México y la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, generó una profunda conmoción en México y colocó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el centro de una crisis política y de seguridad, pese a la histórica reducción de homicidios reportada desde su llegada al poder en octubre pasado.
La noche del sábado, Manzo, de 40 años, fue asesinado a tiros mientras encabezaba la tradicional fiesta del Día de Muertos en un parque repleto de familias. El edil, electo en 2024 como candidato independiente, había denunciado públicamente la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del grupo Caballeros Templarios en la política michoacana, incluso señalando nexos con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del partido oficialista Morena.
Denuncias, amenazas y desamparo
Durante su corta gestión, Manzo se convirtió en una figura incómoda para el crimen organizado. Había solicitado protección federal por amenazas de muerte, pero el ataque ocurrido durante la celebración expuso fallas en la respuesta de seguridad.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el alcalde contaba con custodia de la Guardia Nacional desde diciembre de 2024, reforzada en mayo con 14 agentes y dos vehículos. Sin embargo, el operativo no evitó su asesinato.
Un velorio convertido en protesta
El velorio de Carlos Manzo, realizado el 2 de noviembre, se transformó en una jornada de dolor y furia ciudadana. Su viuda, Grecia Quiroz, acusó públicamente al crimen organizado y a las autoridades por su muerte:
“Lo mataron por ser el único que se atrevió a levantar la voz contra el crimen. Su lucha no morirá”, afirmó ante cientos de asistentes.
Durante la ceremonia, miles de personas acompañaron el féretro entre flores, velas, lágrimas y consignas como “Fuera el gobierno corrupto y asesino” y “Carlos vive en su pueblo”.
El gobernador Ramírez Bedolla fue abiertamente repudiado por la multitud al intentar asistir al velorio. Testigos informaron que fue abucheado y agredido, lo que reflejó el nivel de indignación social en Michoacán.
Uruapan, símbolo del poder narco
Uruapan, una de las ciudades más golpeadas por la violencia en el estado de Michoacán, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades durante los últimos años.
La ejecución del alcalde reaviva los temores sobre el poder territorial de los cárteles y el desafío que representan para el Estado mexicano, especialmente en regiones donde la extorsión y el control del territorio por parte del CJNG siguen siendo cotidianos.
Un golpe a la narrativa oficial
Apenas unas semanas antes del crimen, la presidenta Sheinbaum había destacado una reducción histórica del 32 % en homicidios durante su primer año de mandato. Sin embargo, los hechos en Michoacán pusieron en duda la efectividad de su estrategia de seguridad basada en la coordinación federal y el despliegue de la Guardia Nacional.
La prensa mexicana reportó que, desde el inicio de su gobierno, siete alcaldes han sido asesinados, lo que reaviva un patrón de violencia contra autoridades locales.
El legislador oficialista Gerardo Fernández Noroña recordó que, durante la administración de Felipe Calderón (2006–2012), se registraron 45 alcaldes asesinados; con Enrique Peña Nieto (2012–2018), 85; y con Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), esa cifra disminuyó significativamente.
Reacciones y consecuencias políticas
El crimen provocó manifestaciones masivas en Uruapan y Morelia. Cientos de personas tomaron el Palacio de Gobierno, reclamando justicia y la renuncia del gobernador. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, vandalismo y múltiples detenciones.
Por su parte, Estados Unidos expresó su disposición a reforzar la cooperación en materia de seguridad con México tras el asesinato, reiterando la preocupación de Washington por el avance del crimen organizado en el país.
Contexto: una violencia que no cede
A pesar de las estadísticas oficiales, México continúa registrando niveles críticos de violencia. Organismos internacionales estiman que más de 350,000 personas han sido asesinadas desde 2006 y más de 110,000 permanecen desaparecidas.
El caso de Carlos Manzo se suma a una larga lista de funcionarios locales asesinados por desafiar a los cárteles, reflejando los riesgos del poder político en regiones dominadas por el narcotráfico.
