El exmandatario enfrenta cargos por liderar una insurrección tras declarar la ley marcial en diciembre de 2024.
Seúl.– El equipo de la fiscalía especial de Corea del Sur a cargo del caso de sedición solicitó este martes al tribunal que dicte la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk-yeol, acusado de liderar una insurrección. Así lo informó la agencia Yonhap.
La petición se produjo el mismo día en que se celebró la audiencia final del juicio por insurrección contra el exmandatario. Según la legislación surcoreana, el cabecilla de una insurrección puede recibir uno de tres castigos: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados.
Durante la jornada, los abogados defensores de Yoon iniciaron el análisis de las pruebas escritas y presentaron sus alegatos finales, antes de que el equipo del fiscal especial, encabezado por Cho Eun-suk, emita su opinión final y recomiende formalmente la sentencia para el expresidente destituido.
Yoon está acusado de haber conspirado con el exministro de Defensa Nacional Kim Yong-hyun y otros funcionarios para declarar la ley marcial en diciembre de 2024, un acto considerado inconstitucional e ilegal. De acuerdo con la acusación, la medida buscaba subvertir el orden constitucional sin que existieran indicios de guerra, incidentes graves o un estado de emergencia nacional que la justificara.
Asimismo, se le imputa haber movilizado tropas y fuerzas policiales para imponer la ley marcial, con el objetivo de bloquear la Asamblea Nacional, impedir la votación destinada a levantar dicha medida e intentar arrestar y detener a figuras políticas clave. Entre ellas figuran el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-sik; el actual presidente Lee Jae-myung, entonces líder del Partido Democrático de Corea; el exlíder del Partido del Poder Popular Han Dong-hoon; y funcionarios de la Comisión Electoral Nacional.
Corea del Sur no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1997. Desde entonces, solo se ha dictado una sentencia de muerte, en 2018, y actualmente 61 personas permanecen en el corredor de la muerte. En 2015 se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para abolir la pena capital, que no fue aprobado.
Aunque el país ratificó en 1990 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aún no ha ratificado su Segundo Protocolo Facultativo, orientado a la abolición definitiva de la pena de muerte.
