SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional, durante su participación en la Reunión de Altos Funcionarios UE–América Latina en materia de justicia, celebrada en Bruselas.
El procurador adjunto Pedro Frías Morillo representó al Ministerio Público en la reunión celebrada los días 18 y 19 de febrero y que se enmarca en la asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea en materia de Seguridad y Estado de Derecho, consolidada tras las cumbres UE-CELAC de 2023 y 2025, y en coherencia con la Declaración de Santa Marta de 2025, que prioriza el desmantelamiento de las estructuras económicas de las organizaciones delictivas.
Durante su intervención, Frías Morillo destacó que estos espacios representan una oportunidad de aprendizaje y evolución constante para lograr una persecución penal más efectiva. “Nos convoca una realidad clara: el crimen organizado transnacional evoluciona a pasos gigantescos. Hoy las organizaciones criminales son diversificadas, flexibles y tecnológicamente sofisticadas”, afirmó.
Señaló que estas estructuras ya no dependen exclusivamente del narcotráfico, sino que han ampliado sus actividades al contrabando, el ciberdelito, el lavado de activos y la minería ilegal, entre otros delitos, lo que exige respuestas estratégicas, convergentes y operativamente eficaces.
Subrayó que la posición geográfica estratégica de República Dominicana en el Caribe la convierte en un punto de conexión entre las Américas y Europa, representando una oportunidad para el comercio, pero, al mismo tiempo, implica riesgos asociados al tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas.
En ese contexto, el país ha asumido el compromiso de consolidarse como un hub regional de cooperación judicial y persecución transnacional.
En materia de recuperación y decomiso de activos, Frías Morillo enfatizó que atacar las estructuras económicas del crimen es tan importante como perseguir a sus líderes.
Informó que el país ha fortalecido los mecanismos de incautación mediante investigaciones financieras paralelas desde la primera etapa del proceso penal y la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.
Asimismo, destacó la creación de órganos especializados para el manejo de bienes recuperados y el establecimiento del Ministerio de Justicia, reconociendo que la eficacia institucional depende de la especialización de fiscales, jueces e investigadores.
En cuanto a los retos vinculados a las pruebas electrónicas, señaló la volatilidad de los datos y la velocidad del entorno digital como desafíos prioritarios.
En ese sentido, explicó que la República Dominicana se encuentra en la fase final de ratificación del segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest, instrumento clave para fortalecer la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia.
También, abordó la importancia de armonizar estándares de autenticidad de pruebas digitales y promover unidades multidisciplinarias ante el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, así como consolidar la protección de datos como un habilitador de confianza basado en normas claras y garantías de derechos fundamentales.
Destacó que en el país se ha fortalecido la coordinación interinstitucional mediante la creación de fuerzas de tarea y encuentros periódicos de alto nivel.
El procurador adjunto valoró la participación del país en el Programa EL PAcCTO 2.0 como fundamental para la construcción de confianza operativa entre ambas regiones. Sostuvo que la cooperación entre la Unión Europea y América Latina debe apoyarse en cinco pilares: convergencia regulatoria, reconocimiento mutuo, interoperabilidad, formación especializada y reducción de los tiempos de respuesta.
“La delincuencia organizada opera sin fronteras y nuestra cooperación tampoco debe tenerlas. Si logramos armonizar estándares y fortalecer la confianza, estaremos enviando un mensaje claro de que este es un espacio de legalidad, justicia y respeto al Estado de derecho”, dijo.
