SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, confió en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicte sentencias ejemplares en el juicio por corrupción administrativa que se sigue contra los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y compartes.
“Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”, dijo Camacho, al responder a los periodistas que lo abordaron en torno a unos planteamientos formulados al tribunal por la defensa del procesado Raúl Alejandro Girón y que el procurador adjunto calificó como una “confusión” de su abogado.
“Eso no es más…, no pasa de una confusión”, dijo.
“El acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con Raúl Alejandro Girón está firmado en un documento; ese documento nosotros lo hemos puesto a disposición del tribunal y no debe haber mayores inconvenientes para que este proceso termine conforme a los términos que se incluyeron en ese acuerdo”, indicó.
Recordó que el Ministerio Público asumió un compromiso al acordar unos términos que están asentados en un documento. “Cumplimos con esos términos y la defensa tiene que respetar, además, los términos que se establecieron en este acuerdo”, sostuvo.
Indicó que la forma de conocer ese acuerdo en el tribunal se puede hacer de manera oral en audiencia, sobre todo, porque el proceso, conforme el Código, es oral, por lo que no había ninguna necesidad que ameritara presentar el acuerdo de manera escrita en el tribunal. “Pero hoy lo hemos puesto a disposición del tribunal para que el tribunal también pueda tener claridad sobre cuáles han sido los términos que acordó el Ministerio Público, y, sobre todo, saber que el Ministerio Público ha cumplido al pie de la letra con el acuerdo al que ha llegado”, indicó.
Recordó, igualmente, que el acuerdo contempla el decomiso de dinero que, además, se justifica por las pruebas presentadas por el Ministerio Público en audiencia que presiden las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero y esperamos que el tribunal decomise ese dinero”, indicó.
“Ya verán (los periodistas) que en derecho procede el decomiso de ese dinero y es lo que va a mantener el Ministerio Público”, sostuvo.
“Igual que esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”, expresó el procurador adjunto, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Fulcar.
El proceso judicial
El Ministerio Público solicitó el pasado mes de febrero ante al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, procesados por corrupción partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.
Igualmente, solicitó la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También solicitó la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
En su pedimiento, el Ministerio Público solicita la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
