“No es que no vamos a tener diferencias; (…) tengo que recalcar que es una relación de amistad, de confianza, de intereses mutuos”, dijo ayer el congresista por el distrito 26 de la Florida, Estados Unidos, Mario Díaz Balart, al ser cuestionado un día después de que el presidente Luis Abinader insistiera enérgicamente en que no abrirá el mercado dominicano al arroz estadounidense.
“Lo que quiero recalcar es la relación y la importancia de la relación, y que esa relación se mantiene; yo creo que se estrecha más todos los días”, insistió Díaz-Balart.
Para proteger la producción arrocera nacional, República Dominicana está urgida en su interés de negociar los aranceles a la importación del cereal estadounidense, que a partir del 2025 serán cero en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, ese país ya ha notificado que no apoya la reapertura o renegociación de los compromisos de acceso al mercado bajo dicho acuerdo.
Renegociar aspectos del DR-Cafta no corresponde solo a la representación diplomática del país en Washington, sino a una comisión interministerial designada para esos fines.
La embajadora en Washington, Sonia Guzmán forma parte de esa comisión. Fue en su gestión al frente de la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio (hoy Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes) que se firmó el tratado en el 2004 y actualmente se ha encargado de las renegociaciones sobre la desgravación arancelaria total. Diario Libre ha insistido en entrevistarla, pero se ha negado.
“Hay una mesa permanentemente”, recordó ayer el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y miembro de la comisión interministerial. “Tenemos una reunión en la que se están definiendo las estrategias para las negociaciones. Ellos (Estados Unidos) saben; ellos están conscientes de lo que representa el sector arroz en la República Dominicana”.
Empezó en otros países
“Los acuerdos de libre comercio pueden revisarse a solicitud de las partes. Un ejemplo de esto fue la renegociación del TLCAN entre Estados Unidos, México y Canadá en 2018, a solicitud del Gobierno de Trump”, observa Magdalena Lizardo, coordinadora del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
Agrega que “el propio DR-Cafta contempla en el Artículo 3.18 el establecimiento de la Comisión de Revisión Agrícola para evaluar los efectos de liberalización de la agricultura”. “No obstante, es de esperarse que, en caso de que se abra una negociación, los Estados Unidos podría reclamar concesiones en otros temas de su interés”.
Lizardo considera que 2023 es un año clave para evidenciar los efectos potenciales que puede tener la liberalización del arroz sobre los productores en Centroamérica y en República Dominicana, ya que en este año entra en vigor la liberalización de la importación de arroz desde Estados Unidos en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
“Ya en 2022, Costa Rica redujo drásticamente el arancel a las importaciones de arroz, al pasar de 36 % a 5 %. En todos esos países, los productores han alertado sobre el potencial impacto negativo de la liberalización”, dice.
Considera necesario dar seguimiento a la evolución de las naciones centroamericanas, “pues un impacto negativo de la liberalización del arroz favorecería la coordinación de una postura común entre ellos y República Dominicana”.
“Si el impacto resultara perjudicial para el empleo rural, podría, además, inducirse una mayor presión emigratoria hacia los Estados Unidos, lo que contribuiría a una actitud más abierta de ese país a la revisión de la desgravación arancelaria y de la aplicación del mecanismo de salvaguardas agrícolas”, analiza.
