La decisión fue adoptada por las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, quienes integran el tribunal. La próxima audiencia quedó fijada para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
En la vista participaron, en representación del Ministerio Público, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
Empresas piden aplazamiento y alegan falta de defensa
Durante la audiencia, el representante de Pago Xchange, SRL —empresa socia mayoritaria de PagoRD, su nombre en el mercado local— solicitó un aplazamiento al tribunal argumentando el fallecimiento del «único dueño» de la empresa. Por su parte, Inprosol alegó carecer de representación legal.
El tribunal ordenó la separación del juicio de Inprosol y le concedió una única oportunidad a la empresa imputada PagoRD. Inprosol, a su vez, solicitó un defensor público a la Defensoría Pública, entidad que argumenta estar habilitada exclusivamente para defender a personas físicas y que aguarda una decisión del Tribunal Constitucional sobre el particular.
El proceso: Operación Camaleón y un contrato de más de RD$1,300 millones
El caso se origina en la Operación Camaleón, puesta en marcha en 2024. Los imputados fueron enviados a juicio en junio pasado, mediante auto de apertura dictado contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.
También fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente. Se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Completan la lista de personas físicas imputadas Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Siete empresas entre los imputados
Junto a las personas físicas, el Ministerio Público incluyó en el auto de apertura a siete personas jurídicas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según la acusación, la organización empleó sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos para controlar el proceso licitatorio y adjudicar de forma irregular un contrato valorado en RD$1,317,350,997.00, en beneficio de empresas vinculadas a Jochi Gómez. El Ministerio Público sostiene que los involucrados vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad en la contratación pública.
