El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, expresó su satisfacción porque el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acogieron la solicitud que el sector empresarial e industrial había realizado públicamente para posponer la entrada en vigor de estas nuevas obligaciones. La normativa estaba prevista para aplicarse a partir del 5 de noviembre de 2026.
«El sector empresarial e industrial no estaba preparado para asumir en un plazo tan corto las nuevas obligaciones establecidas en la legislación», señaló Viro en un comunicado difundido este martes 10 de noviembre de 2026.
Período adicional para ajustes internos
Viro explicó que el período adicional permitirá a las empresas prepararse para cumplir con las nuevas obligaciones legales y facilitará una implementación ordenada de las disposiciones. Exhortó a las compañías a establecer desde ahora los procedimientos internos de prevención, supervisión y control necesarios.
El dirigente empresarial llamó a revisar los procedimientos internos, comprobar el funcionamiento de los controles existentes y definir con claridad las responsabilidades dentro de cada organización. El objetivo, precisó, es desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento antes de que la legislación entre en vigor.
Qué dispone la prórroga
La Ley 88-26 comprende los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal dominicano. Esos artículos establecen las condiciones bajo las cuales las empresas pueden ser investigadas, procesadas y sancionadas penalmente por determinados delitos vinculados a sus actividades.
La ampliación del plazo busca que las personas jurídicas sujetas a estas disposiciones realicen los ajustes y adecuaciones necesarios para cumplir con el nuevo régimen antes de su entrada en vigor definitiva.
Sanciones contempladas en el Código Penal
Entre las medidas que podrán imponerse a las empresas figuran multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias e inhabilitación para contratar con el Estado. La sanción más grave prevista es la disolución de la empresa.
La aplicación de estas medidas requerirá un proceso judicial que determine la responsabilidad de la persona jurídica, conforme a las disposiciones legales correspondientes, lo que implica garantías procesales para las compañías involucradas.
Con la prórroga aprobada, el sector privado dominicano dispondrá hasta mayo de 2028 para alinear su estructura operativa y de gobierno corporativo con las exigencias del nuevo Código Penal, un plazo que la ANEIH considera indispensable para una transición ordenada y efectiva.
