La decisión fue adoptada tras una deliberación que las juezas Yissel Soto —presidenta del tribunal—, Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario calificaron de exhaustiva. El panel determinó que los incidentes planteados involucran un estudio de temporalidad de los hechos, la forma de obtención de los elementos de prueba y la individualización de las conductas de cada acusado.
Las juzgadoras también señalaron que se requiere determinar el origen del derecho de propiedad sobre los objetos incautados, lo que amerita un examen sustancial del relato fáctico de la acusación y una ponderación armónica de las pruebas a incorporar durante el juicio.
El Ministerio Público rechaza plazos extendidos a la defensa
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, representó al órgano acusador junto a los fiscales litigantes Melbin Romero y Miguel Collado. Durante la audiencia, Ortiz se refirió al recurso de oposición presentado por algunas barras de la defensa contra la decisión del tribunal.
La funcionaria sostuvo que el tribunal debe rechazar el otorgamiento de plazos extendidos solicitados por los abogados defensores para presentar sus recursos, al no proceder conforme con lo dispuesto por la norma procesal penal. «Las defensas están planteando aquí un recurso de oposición a una decisión que lo único que ha procurado es garantizar derechos», afirmó Ortiz.
La procuradora de corte subrayó que, al tratarse de incidentes planteados y resueltos en audiencia, no aplican los plazos ordinarios de los recursos de oposición. El tribunal ordenó que ese recurso sea debatido de forma oral el miércoles 4 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana.
Próximas fechas del proceso
El tribunal aplazó la próxima audiencia para el 11 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana. Indicó además que retomará a través de la plataforma digital la recepción de documentaciones remitidas al tribunal por las partes.
El Ministerio Público había contestado en octubre pasado los 21 incidentes que las defensas presentaron por segunda vez. Tras argumentar la improcedencia de dichos incidentes por no comprobarse las irregularidades que la defensa les atribuyó, el equipo litigante solicitó diferirlos para ser fallados conjuntamente con el fondo, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del proceso.
Más de RD$6,000 millones en juego
El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez Sánchez de malversar más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos cometidos entre 2016 y 2020, período en el que ejerció como procurador general de la República. Los cargos incluyen corrupción, cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Junto a Rodríguez Sánchez, el expediente incluye a Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
