Por: Dr. Isaías Ramos Guzmán
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos más de 2.8 millones de cruceristas. Es, sin duda, un logro importante.
Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que calcular cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada, en distintos grados, por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el sector turismo ascendió a RD$12,092.3 millones, según el Ministerio de Hacienda.
Eso puede representar una excelente inversión pública. Un peso que genere empleos, empresas, divisas, producción e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema surge cuando el país aporta recursos, patrimonio e incentivos sin disponer de una medición suficientemente clara y accesible sobre el retorno obtenido.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios.
Detrás de esas cifras no existe dinero abstracto: existen recursos pertenecientes a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto, no
En 2025 llegaron al país 2,815,732 cruceristas, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Turismo.
El régimen tarifario de la Autoridad Portuaria Dominicana establece para los buques turísticos un cargo de US$1.50 por cada pasajero que arribe a bordo, sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, en los casos en que resulte aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula principalmente entre negocios vinculados a una misma operación y apenas alcanza la economía circundante, su impacto territorial es diferente.
Por eso necesitamos separar cuatro conceptos:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite llevar esta discusión al terreno concreto.
El Estado aportó un puerto preexistente y la Autoridad Portuaria Dominicana otorgó una concesión a ITM Group para transformar el muelle en una terminal de cruceros. La DGAPP ha señalado que la obra fue concebida en tres fases, con una inversión estimada de US$98 millones.
Al mismo tiempo, el Estado ha desarrollado infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas estableció que el financiamiento aprobado para Port Cabo Rojo ascendía a US$37 millones, mientras estimaba entonces la inversión total del proyecto en aproximadamente US$78.3 millones.
Eso significa que el financiamiento aprobado por el banco equivalía a cerca del 47 % del monto total del proyecto consignado en aquella memoria.
Sin embargo, otras comunicaciones oficiales posteriores situaron la inversión prevista de la terminal en US$98 millones.
Pero una inversión anunciada de US$98 millones no necesariamente significa que US$98 millones correspondan a capital aportado directamente por los accionistas de la empresa.
La información pública disponible permite identificar el financiamiento aprobado por Banreservas y las estimaciones globales divulgadas sobre el proyecto, pero no ofrece, al menos de manera fácilmente accesible, un desglose completo entre capital propio, deuda, otros financiamientos y montos efectivamente ejecutados.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones financiados por Banreservas?
Que Banreservas sea un banco estatal no convierte automáticamente un préstamo comercial en gasto público.
Si la empresa prestataria responde por esa deuda, paga los intereses correspondientes y existen garantías suficientes, estamos ante una operación crediticia sometida a sus propios riesgos y condiciones comerciales.
Pero las condiciones específicas de esa operación deberían poder conocerse con suficiente claridad cuando están vinculadas a un proyecto desarrollado sobre bienes o derechos concedidos por el Estado.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos futuros del puerto? ¿La infraestructura desarrollada?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías determinados derechos económicos derivados de la concesión?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando una entidad financiera estatal participa en el financiamiento de un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, conocer quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde debería formar parte de una cultura robusta de transparencia.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público, que permita conocer, entre otros elementos:
- capital privado realmente invertido;
- deuda y garantías;
- activos públicos utilizados;
- exenciones e incentivos recibidos;
- cánones e impuestos pagados;
- empleos generados y salarios;
- compras realizadas a proveedores dominicanos;
- inversión pública asociada;
- riqueza que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo en el cual el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana aporta patrimonio y participa de los riesgos, pero no puede medir con precisión cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, entonces todavía falta una parte esencial de la ecuación.
Es una cuenta nacional pendiente.
