Por: Wander Rafael Morales Feliz
Un empleado municipal que ha dedicado 20, 25 o 30 años de su vida al servicio público no debería llegar a la edad de retiro y descubrir que la pensión que recibirá no le permite cubrir sus necesidades básicas.
Esta realidad merece una discusión seria en nuestra sociedad.
Los empleados municipales son parte esencial de la vida de nuestras comunidades. Trabajan en la recogida de residuos, el mantenimiento de espacios públicos, las oficinas administrativas, los cementerios, los mercados, las brigadas y múltiples servicios que muchas veces damos por sentados.
Sin embargo, una parte importante de estos trabajadores ha desarrollado su vida laboral con salarios bajos, y esa realidad tiene una consecuencia que debemos observar con mayor atención: cuando llega el momento del retiro, también puede llegar una pensión insuficiente.
Aquí está el verdadero problema.
No podemos hablar solamente de salario. Tenemos que hablar de futuro.
Una persona puede pasar tres décadas trabajando para su municipio y, al final, encontrarse con que los ingresos de su retiro no son suficientes para garantizarle una vida digna.
¿Es justo?
Creo que, como sociedad, debemos responder esa pregunta.
Es necesario cambiar el modelo
No estoy planteando que se otorguen privilegios ni pensiones sin criterios.
Estoy proponiendo algo diferente: crear un sistema institucional que proteja a quienes han cumplido durante décadas con el servicio municipal.
Por eso considero necesario impulsar una modificación del marco legal que permita establecer un mecanismo especial de jubilación para los servidores municipales, sustentado en criterios objetivos como la edad, los años de servicio y la trayectoria laboral.
La Liga Municipal Dominicana podría desempeñar un papel fundamental como institución articuladora y garante de este modelo, evitando que el retiro de un empleado dependa de la voluntad de una administración municipal o de las circunstancias políticas del momento.
La jubilación debe ser consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos por la ley.
No de una recomendación política.
Que los derechos no dependan del alcalde de turno
Este punto es fundamental.
Un empleado que ha trabajado durante 30 años no debería tener que esperar la llegada de un alcalde amigo, buscar una recomendación o acercarse a un dirigente político para conseguir una pensión.
Si cumplió con los requisitos establecidos, su derecho debe estar protegido por la institucionalidad.
Para ello, debemos estudiar la creación de un fondo especial, con fuentes de financiamiento claramente definidas, administración transparente, fiscalización y reglas iguales para todos los municipios.
No se trata de improvisar.
Se trata de sentar en una misma mesa a legisladores, municipalistas, especialistas en seguridad social, economistas, juristas, representantes de los trabajadores y autoridades municipales para construir una propuesta viable.
Una causa que debe asumir la sociedad
Este tema no pertenece exclusivamente a los empleados municipales.
También nos corresponde a nosotros.
Porque detrás de cada trabajador hay una familia. Y porque cualquiera puede llegar a esa etapa de la vida después de haber dedicado décadas al trabajo.
La pregunta que debemos hacernos es sencilla:
¿Queremos que nuestros servidores municipales lleguen a la vejez con incertidumbre o con la seguridad de que su país reconoce los años que dedicaron al servicio de sus comunidades?
Yo creo que debemos escoger lo segundo.
Por eso hago un llamado a que esta discusión trascienda los ayuntamientos y los partidos políticos.
Que la sociedad la haga suya.
Que se estudie una reforma legal.
Que se determine cuánto cuesta.
Que se establezca quiénes deben aportar.
Que se creen controles.
Y que, sobre todo, se establezcan reglas claras que impidan que una pensión sea utilizada como instrumento político.
No queremos privilegios.
Queremos justicia.
Quien dedica su vida al servicio público merece la tranquilidad de saber que, cuando llegue el momento de retirarse, tendrá una protección digna.
Porque después de 20, 25 o 30 años trabajando por nuestros municipios, lo mínimo que podemos garantizarles es que la vejez no se convierta en el precio de haber servido.
Esta propuesta merece ser discutida, perfeccionada y, si resulta viable, convertida en una política pública nacional.
Es tiempo de comenzar esa conversación.
