Por Dra. Jenifer Moquete
Hay frases que escandalizan durante unas horas, circulan por las redes sociales y luego desaparecen bajo la siguiente avalancha de noticias. Pero hay otras que deben permanecer registradas, no por su valor retórico, sino porque revelan lo que un poder político está dispuesto a imaginar, decir y eventualmente convertir en política.
La pronunciada por Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, pertenece a esa segunda categoría.
En un podcast difundido el 16 de agosto de 2026, durante una conversación con Rom Braslavski, antiguo rehén israelí en Gaza, Ben-Gvir sostuvo que deberían ejecutarse “asesinatos selectivos” y matar entre 30 y 40 personas cada noche en el territorio palestino.
La precisión importa. Ben-Gvir no dijo literalmente: “Maten a 40 civiles cada noche”. Tampoco debemos atribuirle palabras que no pronunció. Lo que dijo realmente es suficientemente grave y no necesita exageraciones.
“Creo que se deberían realizar asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 cada noche”, afirmó, según la transcripción publicada por medios internacionales.
Acto seguido eliminó cualquier posible interpretación limitada a combatientes que representaran una amenaza inmediata: “No solo aquellos que constituyen una amenaza inmediata. Hay personas allí que no son dignas de vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.
Ahí está el centro moral y político de la declaración. No es únicamente la propuesta de matar. Es la construcción verbal que la hace posible: primero se retira a determinadas personas su condición humana; después, su eliminación puede presentarse como una decisión administrativa, una estadística o una cuota nocturna.
Treinta. Cuarenta. Cada noche. No son nombres. No son padres, madres, trabajadores, ancianos o jóvenes. En el lenguaje de Ben-Gvir dejan de ser seres humanos para convertirse en una cantidad.
La obscenidad de convertir la muerte en una meta diaria
Las guerras producen cifras. Contamos muertos, heridos, desaparecidos, desplazados, hospitales destruidos y niños enterrados. La estadística permite comprender la magnitud de una catástrofe, aunque nunca alcance a expresar completamente el dolor individual.
Lo verdaderamente perturbador en las palabras de Ben-Gvir es que la cifra no describe retrospectivamente una tragedia. La cifra aparece como una propuesta para el futuro.
No está diciendo que murieron 30 personas durante una operación determinada. Está proponiendo que entre 30 y 40 mueran cada noche.
La muerte deja de ser presentada incluso como una consecuencia indeseada de una operación militar y se transforma en objetivo cuantificable. Una cuota. Una rutina. Un resultado que podría contabilizarse al amanecer.
¿Fueron 30? ¿Fueron 35? ¿Se llegó a 40?
Ese es el abismo moral al que conduce la normalización del exterminio: el ser humano desaparece detrás del número y el asesinato se convierte en indicador de desempeño.
No hay argumento de seguridad nacional que pueda justificar semejante lógica. Ningún Estado adquiere el derecho de decidir que grupos indeterminados de personas “no son dignos de vivir”. Ningún gobierno puede reclamar legitimidad moral mientras uno de sus ministros propone públicamente una cantidad diaria de muertes.
No habla un provocador marginal: habla un ministro
Ben-Gvir no es un comentarista de televisión, un usuario anónimo de redes sociales ni un agitador situado fuera de las instituciones. Es ministro de Seguridad Nacional y forma parte de la coalición que sostiene al gobierno de Benjamin Netanyahu.
No controla directamente las Fuerzas de Defensa de Israel ni puede ordenar por sí solo ataques militares en Gaza. Esa precisión también es necesaria. Sin embargo, dirige estructuras vinculadas a la Policía y al sistema penitenciario, forma parte del gabinete de seguridad y participa en el espacio político donde se debaten las políticas de guerra, ocupación y seguridad.
Por tanto, sus declaraciones no equivalen automáticamente a una orden operacional, pero tampoco pueden rebajarse a una opinión privada sin consecuencias.
Cuando el lenguaje de la eliminación física llega al gabinete de un gobierno, la pregunta ya no es únicamente qué piensa un político extremista. La pregunta es qué clase de sistema político le permite ejercer poder mientras promueve públicamente que determinadas personas sean asesinadas porque, según él, “ni siquiera son personas”.
Ben-Gvir tiene además una trayectoria que impide presentar el episodio como un desliz aislado. Fue condenado en Israel por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista judía. Su carrera se ha desarrollado alrededor del kahanismo, una corriente ultranacionalista que defiende la supremacía judía y la expulsión de palestinos.
Varios gobiernos occidentales terminaron imponiéndole sanciones o prohibiciones de entrada por incitar a la violencia contra palestinos. Nada de esto lo expulsó del poder. Continúa siendo ministro. Ese hecho dice tanto sobre Ben-Gvir como sobre el gobierno que lo mantiene en el gabinete.
“Ni siquiera son personas”: la arquitectura verbal de la atrocidad
La historia ha demostrado una y otra vez que la violencia extrema rara vez comienza con el asesinato. Comienza con las palabras que permiten imaginarlo.
Antes de eliminar físicamente a una población es habitual convertirla en una amenaza absoluta, una plaga, un obstáculo o una masa carente de individualidad. Se le atribuye una culpa colectiva y se borran las diferencias entre combatientes y civiles, adultos y niños, responsables e inocentes.
La frase “ni siquiera son personas” no es una expresión secundaria dentro de la conversación. Es la llave que abre la puerta a todo lo demás.
Si no son personas, entonces sus derechos dejan de importar. Si no son personas, sus hijos pueden ser considerados sospechosos. Si no son personas, el hambre puede convertirse en presión militar. Si no son personas, la destrucción de sus hogares puede presentarse como ordenamiento territorial. Si no son personas, matarlas cada noche puede convertirse en una propuesta pronunciada sin vergüenza ante un micrófono.
La deshumanización no constituye por sí sola una sentencia judicial por genocidio. Pero es un elemento que juristas, investigadores y organismos internacionales analizan cuando intentan establecer la intención detrás de una conducta estatal o colectiva. Por eso las palabras de Ben-Gvir deben documentarse. No pueden considerarse ruido político en medio de la guerra.
Matar, expulsar y ocupar: las piezas de un mismo proyecto
La conversación no terminó con la propuesta de asesinatos nocturnos. Ben-Gvir defendió el establecimiento de asentamientos israelíes en toda Gaza y la salida masiva de sus habitantes palestinos.
“Veo toda Gaza como nuestra”, declaró. Planteó asentamientos no solamente en el antiguo bloque de Gush Katif, desmantelado en 2005, sino en todo el territorio, junto con el estímulo de “tanta emigración como sea posible”.
Las tres ideas —matar, expulsar y colonizar— no aparecen separadas. Forman una secuencia política reconocible. Primero se declara que parte de la población no merece vivir. Después se propone que la mayor cantidad posible abandone el territorio. Finalmente se reclama la tierra para nuevos asentamientos.
Llamar “emigración” a la salida de personas sometidas a bombardeos, destrucción, hambre y presión militar no convierte ese desplazamiento en voluntario. Si una población es colocada ante la alternativa de huir o morir, no estamos ante una decisión migratoria libre.
El secretario general de las Naciones Unidas y numerosos especialistas han advertido que la expulsión forzada de palestinos de Gaza podría constituir limpieza étnica. El gobierno israelí puede cambiar las palabras, pero no la naturaleza del acto.
La dimensión jurídica que el mundo no puede ignorar
El caso presentado por Sudáfrica contra Israel bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio continúa ante la Corte Internacional de Justicia.
La Corte no ha emitido todavía una sentencia definitiva que determine si Israel cometió genocidio. Afirmar lo contrario sería jurídicamente incorrecto. Lo que sí hizo el tribunal fue dictar medidas provisionales vinculantes.
En su orden del 26 de enero de 2024, la CIJ exigió a Israel adoptar medidas para prevenir actos comprendidos en la Convención sobre Genocidio y ordenó prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio. Posteriormente emitió nuevas disposiciones ante el deterioro de la situación humanitaria.
Esa obligación vuelve especialmente graves las declaraciones de funcionarios con poder estatal. Una frase individual no demuestra por sí sola el genocidio, pero puede formar parte del material utilizado para analizar patrones de conducta e intención.
En junio de 2026, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado —un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos— afirmó que las fuerzas israelíes habían atacado deliberadamente a niños palestinos y reiteró su conclusión de que Israel continuaba cometiendo actos genocidas y otros crímenes atroces.
Israel rechazó esas conclusiones, acusó a la comisión de parcialidad y sostiene que sus operaciones se dirigen contra Hamás, no contra la población palestina. Esa posición debe consignarse como contexto factual. Pero registrarla no obliga a aceptar que la invocación de Hamás responda cada pregunta sobre las decenas de miles de muertos, la destrucción civil o el lenguaje empleado por miembros del gabinete.
Los crímenes de Hamás no convierten a Gaza en una zona sin humanidad
Los ataques encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023 dejaron alrededor de 1,200 personas muertas en Israel y 251 secuestradas, según las cifras israelíes. El asesinato de civiles, la toma de rehenes y los abusos cometidos contra ellos son crímenes que deben condenarse sin ambigüedades.
Rom Braslavski, el exrehén que participó en la conversación con Ben-Gvir, ha relatado sufrimientos y abusos graves durante su cautiverio. Reconocer ese dolor no exige justificar las palabras del ministro.
Ningún crimen de Hamás concede al gobierno israelí el derecho de asignar una culpa colectiva a más de dos millones de habitantes de Gaza. Ningún secuestro convierte a todos los palestinos en secuestradores. Ningún ataque terrorista transforma a cada niño de Gaza en un objetivo legítimo.
Condenar los ataques contra civiles israelíes y exigir la liberación de los rehenes no obliga a guardar silencio ante los crímenes contra los palestinos. Del mismo modo, defender la vida palestina no implica justificar a Hamás. La falsa obligación de escoger qué civiles merecen nuestra empatía es una de las mayores victorias de la propaganda de guerra.
La ilegitimidad moral de un poder que administra la deshumanización
Israel es un Estado miembro de las Naciones Unidas desde 1949. Por ello, describir su existencia completa como jurídicamente “ilegítima” no refleja su condición formal dentro del sistema internacional.
Otra cosa muy distinta es la ilegitimidad de la ocupación, de los asentamientos, de la anexión territorial, del desplazamiento forzado y de las políticas que niegan los derechos del pueblo palestino.
La Corte Internacional de Justicia concluyó en su opinión consultiva de julio de 2024 que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y que debe finalizar lo antes posible. La crítica más demoledora no necesita alterar los hechos. La realidad documentada basta.
Un Estado no puede invocar eternamente su propia seguridad para negar a otro pueblo la libertad, la tierra, la movilidad y el derecho a vivir. Tampoco puede declararse la única democracia de Oriente Medio mientras miembros de su gobierno promueven la expulsión de una población y la ocupación de su territorio.
La memoria histórica del pueblo judío tampoco puede utilizarse como escudo para deshumanizar al pueblo palestino. Ningún sufrimiento pasado concede licencia para producir sufrimiento presente.
¿Cuánto está dispuesto a tolerar el mundo?
Ben-Gvir no pronuncia estas palabras en el vacío. Lo hace después de años de condenas diplomáticas que rara vez se transforman en consecuencias suficientes.
La comunidad internacional se declara preocupada. Pide moderación. Reitera su compromiso con el derecho internacional. Celebra negociaciones. Emite comunicados. Mientras tanto, los asentamientos avanzan, las familias palestinas son desplazadas y los muertos se acumulan.
La impunidad también consiste en descubrir que se puede decir casi cualquier cosa desde un ministerio y conservar el cargo, el presupuesto y la influencia política.
Cuando un funcionario propone matar entre 30 y 40 personas cada noche, la respuesta internacional no puede limitarse a calificar sus declaraciones de “polémicas” o “incendiarias”. No estamos ante una incorrección diplomática. Estamos ante la defensa pública de una política sistemática de muerte.
Los gobiernos que afirman defender los derechos humanos deben decidir si esos principios también se aplican cuando las víctimas son palestinas.
Una vida nacida en Gaza no vale menos
Una vida no pierde valor porque haya comenzado en Gaza.
Un niño palestino no vale menos que un niño israelí. Una madre palestina no vale menos que una madre israelí. Un civil palestino no pierde su derecho a vivir porque Hamás haya cometido crímenes. Y un exrehén israelí no deja de merecer justicia porque condenemos la destrucción de Gaza.
El principio es sencillo o no es principio: ninguna población civil puede ser convertida en objetivo colectivo.
Las palabras de Ben-Gvir no deberían escandalizarnos solamente por su brutalidad. Deberían obligarnos a mirar el proceso político que las volvió pronunciables, tolerables y compatibles con el ejercicio de un ministerio.
Treinta o cuarenta personas cada noche. La cifra pretende borrar sus rostros. Nuestra responsabilidad es devolverles su humanidad.
Porque el problema comienza cuando un ministro dice que no son personas, pero alcanza su verdadera dimensión cuando el resto del mundo escucha, calcula y continúa como si nada.
Artículo de opinión por Dra. Jenifer Moquete
