La Procuraduría Especializada y la Fiscalía de Puerto Plata pidieron 18 meses de prisión para los imputados tras el rescate de 20 víctimas en operativos recientes.
Santo Domingo.– El Ministerio Público dominicano, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los miembros de una presunta red de explotación sexual desarticulada en esa jurisdicción.
La solicitud fue presentada contra Rocío Nicole Paulino, conocida como “Mamasan”, Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera. Las fiscales a cargo del caso —Yoana Bejarán, Kelmi Duncan Torres y Carmelina Soto— pidieron, además, que el tribunal declare el proceso como de transmutación compleja, dada la organización estructurada de la red.
Los imputados fueron arrestados durante allanamientos simultáneos ejecutados por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc), en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
En esos operativos fueron rescatadas 20 mujeres de distintas nacionalidades —dominicanas, haitianas y colombianas— que estaban siendo sometidas a explotación sexual sistemática. Las víctimas eran captadas mediante engaño y aprovechamiento de su vulnerabilidad, retenidas en establecimientos donde se restringía su movilidad y eran obligadas a ejercer la prostitución bajo reglas y vigilancia constante, según detalló el Ministerio Público.
Durante los allanamientos también fueron incautados diversos bienes como armas, dinero en efectivo en pesos y dólares, prendas de valor, equipos electrónicos y vehículos, como parte de las evidencias que apoyan las imputaciones.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como trata de personas agravada, proxenetismo agravado y lavado de activos, delitos incluidos en la legislación dominicana vigente y que son sancionados con penas severas.
