Sputniknews -. El nuevo diferendo entre los poderes estalló el 24 de noviembre, cuando la Mesa Directiva del Congreso rechazó “de plano” considerar una cuestión de confianza enviada al Legislativo por el entonces primer ministro, Aníbal Torres, un instrumento que insta a los congresistas a manifestar su apoyo o rechazo al primer ministro y todo su gabinete.
La cuestión de confianza presentada por Torres iba adjunta a un proyecto de ley que derogaba otra norma que establece límites a la convocatoria a referendos para modificar la Constitución. Para el Congreso, sin embargo, la iniciativa no podía ser enviada por Torres, razón por la que la mayoría de la Mesa Directiva decidió descartar la moción de confianza sin que llegue a ser tratada por el plenario de congresistas.
Este rechazo “de plano”, sin embargo, fue considerado como una denegación de la cuestión de confianza por el Ejecutivo. De acuerdo a la normativa peruana, la negativa desencadenó en la designación de un nuevo gabinete, el quinto desde el inicio de la administración de Castillo.
“En este caso, ‘el rechazo de plano de la posición de confianza’ constituye a todas luces una negación de la cuestión de confianza, por lo tanto la consecuencia es la crisis total del gabinete [ministerial]”, estableció el Consejo de Ministros en el acta de la sesión del 24 de noviembre.
Bajo esta interpretación, el Gobierno de Castillo entiende que se trata del primer rechazo expreso del Congreso a un gabinete. De acuerdo a la Constitución peruana, si existe una segunda negativa a una cuestión de confianza, el presidente quedaría habilitado a disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución peruana “el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
El Tribunal Constitucional, tercero en discordia
Esta posibilidad despertó la inquietud de la oposición, que entiende que la decisión de la Mesa Ejecutiva de no tratar la moción no puede ser considerada como un rechazo expreso al gabinete. Por ese motivo, el Congreso presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el organismo resuelva la diferencia de criterio entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Junto con la demanda, el Congreso solicitó una medida cautelar al TC que permita detener cualquier acción por parte del Ejecutivo —en el tiempo en el que se trata el caso— que conduzca a una disolución del Parlamento.
En declaraciones al diario El Comercio, la legisladora de Acción Popular Silvia Monteza consideró que la interpretación del Gobierno es “inconstitucional” debido a que “no ha habido negación fáctica; lo que están queriendo ellos es cerrar el Congreso inconstitucionalmente”. Para la opositora, elevar el caso al TC lograría “frenar un poco” tal objetivo.
Pero no es la única estrategia de la oposición. La también congresista opositora Patricia Chirinos, de Avanza País, colaboró con el enfrentamiento con una denuncia constitucional contra el propio presidente Castillo, el exprimer ministro Torres y todo su gabinete. La demanda, presentada en el propio Congreso, acusa al mandatario y a Torres de haber violado la Constitución y exige la destitución e inhabilitación pública por 10 años.
“El Gobierno interpreta a su antojo la respuesta a la cuestión de confianza”, afirmó a través de Twitter la congresista, que ha tenido fuertes cruces con el oficialismo.
La disolución del Congreso en la Constitución de Perú
La Constitución peruana establece que, para que el presidente pueda disolver el Congreso, el legislativo debe haber rechazado dos gabinetes dentro del mismo período de Gobierno.
La propia Carta Magna establece, asimismo, las condiciones para este procedimiento. En ese sentido, el texto garantiza que se vuelva a conformar un nuevo Legislativo, obligando a que el decreto mismo de la disolución contenga “la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso”.
Además, aclara que los comicios deben realizarse “dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”.
La facultad del Ejecutivo de disolver el Parlamento tiene además otras condiciones: no puede realizarse durante el último año del mandato presidencial ni “bajo estado de sitio”.
El recurso, que desde el criterio del Gobierno y con el respaldo constitucional podría aplicarse, se ha acogido en el país anteriormente. Su aplicación más reciente fue en septiembre de 2019 bajo la administración del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien disolvió el Congreso tras interpretar que este negó de facto una cuestión de confianza que se aguardaba para modificar una reglamentación referente al mecanismo de selección de los magistrados del TC.
