Entre la autonomía del paciente y la influencia de la Iglesia Católica, el debate sobre el suicidio asistido revela una deuda pendiente en el país: el derecho a morir con dignidad.
El debate silenciado
El suicidio asistido, práctica legal en países como Suiza, Bélgica, Canadá y algunos estados de EE.UU., consiste en facilitar a un paciente terminal, en pleno uso de sus facultades, los medios médicos para poner fin a su vida y así evitar sufrimientos prolongados.
En República Dominicana, ni siquiera se reconoce como un tema válido de discusión legislativa. El marco legal, profundamente influenciado por la doctrina de la Iglesia Católica, mantiene una postura inamovible: la vida debe preservarse a toda costa, sin importar la calidad de esa vida ni el sufrimiento que conlleve.
La autonomía frente al dogma
La bioética moderna sostiene que la autonomía del paciente es un principio fundamental: todo ser humano debería tener derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud y, llegado el momento, sobre su propia muerte. Sin embargo, en nuestro país, esa decisión no le pertenece al paciente, sino al Estado y, en gran medida, a la Iglesia.
El problema se agrava cuando los argumentos religiosos se imponen sobre el debate científico y ético. No se trata de obligar a nadie a optar por el suicidio asistido, sino de garantizar que quien desee hacerlo, en condiciones extremas de dolor e irreversibilidad, pueda ejercer su derecho con dignidad y acompañamiento médico.
El sufrimiento que no se ve
Miles de pacientes dominicanos con cáncer terminal, enfermedades neurodegenerativas o patologías crónicas avanzadas enfrentan una agonía prolongada, a menudo sin acceso a cuidados paliativos adecuados. Sus familias, desgastadas emocional y económicamente, son testigos de cómo el sistema de salud prolonga la vida biológica, pero no asegura una muerte digna.
¿Es justo obligar a alguien a vivir un calvario en nombre de una fe que quizá no profese?
Un llamado a la reflexión
La discusión sobre el suicidio asistido no es solo médica o legal, es un reflejo de qué tan libres somos como sociedad. Seguir postergando este debate por miedo a confrontar a la Iglesia Católica es un acto de cobardía política y una traición al sufrimiento silencioso de nuestros pacientes terminales.
República Dominicana necesita abrir este debate con valentía, desde la bioética, la ciencia y los derechos humanos, y no desde los púlpitos.
