Artículo de Opinión de Laura Kelly.
Hace unos días, me encontré con una imagen cómica, pero a la vez poderosa, que se ha vuelto viral en las redes sociales. En la foto hay un joven tendido en su cama, mirando al techo, con un texto sobre la imagen que decía: “Ya pagué la casa, tengo donde pasar hambre hasta el mes que viene”. La risa que provoca es amarga porque, para muchos jóvenes dominicanos, esta es una cruda realidad. Conseguir un lugar decente para vivir en la capital dominicana no es solo un desafío financiero, sino una constante batalla por mantener la estabilidad.
El Distrito Nacional, como el corazón económico y político de la República Dominicana, es un imán para quienes buscan empleo y mejores oportunidades. Aquí se concentran las grandes empresas, instituciones gubernamentales, universidades y otros centros educativos de prestigio. Es el lugar donde, idealmente, querrías vivir si tu objetivo es avanzar en tu carrera profesional. Sin embargo, para muchos tiene un precio muy alto.
Santo Domingo cuenta con sectores exclusivos caracterizados por sus grandes residencias y apartamentos de lujo. Sin embargo, estos no son el foco de nuestro análisis. Nos centraremos en aquellas zonas que alguna vez fueron accesibles, pero que hoy en día, han dejado de serlo para muchas familias y jóvenes universitarios de recursos limitados.
Es común ver en páginas como MarketPlace y Corotos habitaciones para una sola persona que superan los RD$25,000 mensuales. ¿Cómo es posible que un espacio tan reducido cueste tanto? La respuesta radica en la ley de oferta y demanda, intensificada por la gentrificación y la falta de regulaciones claras. Además, a estos altos costos se suman los tres depósitos que suelen exigirse: dos reembolsables y uno no reembolsable, que queda como parte del pago. En total, necesitas disponer de más de RD$100,000 solo para mudarte.
Además, la proliferación de plataformas como Airbnb, que no están debidamente reguladas, ha agravado el problema. Muchos propietarios prefieren alquilar sus apartamentos a corto plazo, lo que reduce la oferta de viviendas disponibles para alquiler a largo plazo. Esto crea una competencia desleal que empuja los precios de alquiler a niveles insostenibles para los residentes locales.
Ante la imposibilidad de pagar los altos alquileres en el Distrito Nacional, muchos residentes han optado por mudarse a zonas aledañas como Santo Domingo Este, Oeste o Norte. Aunque estas áreas ofrecen viviendas a un costo menor, los residentes se enfrentan a un gran desafío: el caos del tránsito.
El tráfico en las principales vías de acceso al Distrito es un problema diario que afecta a miles de personas que deben trasladarse a trabajar y estudiar. Aquellos que viven en lugares retirados del centro terminan pagando con su tiempo lo que ahorran en alquiler. Horas perdidas en tapones se traducen en un menor tiempo para la familia, el ocio y, en general, una calidad de vida inferior.
El artículo 59 de la Constitución de la República, establece que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social”.
Para reducir el déficit de viviendas, el Banco Central de la República Dominicana informó que, para julio de 2023, como parte de la medida de encaje legal para viviendas de bajo costo aprobada por la Junta Monetaria en enero de 2023, se facilitaron 1,755 préstamos a familias y 35 a empresas constructoras. Estos fondos se asignan a entidades financieras, que luego eligen a los beneficiarios según su perfil crediticio.
Además, en marzo de 2024, el Ministerio de la Vivienda anunció que alcanzó la cifra histórica de 8,142 viviendas entregadas por el Gobierno, superando ampliamente las 7,544 unidades prometidas inicialmente bajo el Plan Mi Vivienda, lanzado en 2021.
Hay muchos esfuerzos para cumplir con el objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que insta a los gobiernos a “hacer las ciudades y los asentamientos humanos incluyentes, seguros, resistentes y sostenibles”. La primera meta de este objetivo es que, para 2030, el mundo garantice “el acceso de todos a una vivienda adecuada, segura y asequible, con servicios básicos, y mejorar los barrios marginales”.
Mientras tanto, unos ahorran para reunir el inicial y conseguir un apartamento, otros siguen entre la espada y el alquiler, pero todos piensan dentro de sí: ¡sálvese quien pueda!
