El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha presentado un proyecto ante la Cámara de Diputados para reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Esta iniciativa, defendida bajo el lema "delito de adulto, pena de adulto", ha generado un intenso debate en el país.
La propuesta, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pretende establecer un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 13 años hasta cumplir los 18. Los cambios se aplicarían a delitos tipificados en el Código Penal y en leyes penales especiales vigentes o futuras.
El Gobierno sostiene que la reforma es urgente debido al crecimiento del delito juvenil, aunque no ha proporcionado estadísticas específicas para respaldar esta afirmación. "Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien", afirmó Milei en un comunicado.
Críticas y Reacciones
El anuncio del proyecto ha provocado reacciones encontradas. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la falta de iniciativas educativas para los jóvenes y criticaron la medida como punitiva y demagógica.
La Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) y Unicef han expresado su oposición, argumentando que bajar la edad de imputabilidad contraviene las normas internacionales y no ha demostrado reducir la criminalidad.
Unicef recomienda mantener la edad mínima de responsabilidad penal lo más cercana posible a los 18 años, destacando que penas más severas en la justicia juvenil no se traducen en una disminución de la delincuencia.
El proyecto será debatido en comisiones antes de ser sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados. Si se aprueba, pasará al Senado para su ratificación o rechazo.
