Por: Evaristy Jiménez. Abogado.
El país, desde la llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Luis Abinader como presidente de la república, ha manifestado la necesidad de hacer las reformas necesarias para el desarrollo sostenible de la nación. Entre esas reformas se plantea la necesidad de una reforma constitucional, y el jefe del Estado propone básicamente dos puntos: un ministerio público completamente independiente del ejecutivo, lo que implica una total independencia, y revisar los candados impuestos en la última reforma constitucional del 13 de junio de 2015.
Para ser más explícito, recordemos que el entonces expresidente de la República Dominicana y presidente del PLD en ese momento, Leonel Fernández, orquestó la reforma constitucional con el objetivo de permitir que Danilo Medina participara de inmediato y limitar el periodo presidencial a solo ocho años, emulando el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Este argumento fue utilizado en 2002 por los seguidores del entonces presidente Hipólito Mejía y el PRD.
Con esto como telón de fondo, recordemos la última reforma constitucional del siglo pasado, conocida en el país como el “Pacto por la Democracia” entre el Dr. Joaquín Balaguer y el Dr. José Francisco Peña Gómez. Este pacto se concentró en cuatro puntos: 1) limitar la reelección presidencial, 2) la escogencia de los jueces supremos por un Consejo Nacional de la Magistratura, 3) el sistema de doble vuelta con un porcentaje del 45% más un voto, posteriormente cambiado al 50% más un voto, y 4) la doble nacionalidad para los descendientes de dominicanos nacidos fuera del territorio nacional.
En esta oportunidad, el debate no puede limitarse a los puntos planteados principalmente por el presidente Luis Abinader. Tampoco se puede festinar la reforma a la deliberación antojada de los constituyentes en asamblea revisora. El pacto de las corbatas azules tenía como objetivo primordial cambiar la posibilidad del regreso de los presidentes que habían ejercido el poder, como Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y el excandidato del PRD en las elecciones de 2008, Miguel Vargas.
El país está en un momento único y privilegiado para establecer un candado esencial que impida que los futuros mandatarios utilicen la reforma constitucional para habilitar su regreso al poder. Esto se puede resolver con un pacto entre los cuatro presidentes vivos, estableciendo una disposición transitoria que les impida participar en nuevas elecciones, manteniendo así lo establecido en el artículo 124 de la constitución vigente y cerrando ese fantasma para los líderes fundamentales del momento histórico del país.
Esta acción pondría fin a la discusión sobre los candados y permitiría concentrarnos en los puntos planteados por el presidente Abinader y otros temas puntuales, como la unificación de las elecciones, los porcentajes para el balotaje de primera vuelta, los componentes del Consejo Nacional de la Magistratura, sacar de la constitución la Estrategia Nacional de Desarrollo para poder planificar con mayor flexibilidad y de manera oportuna, dejando esa responsabilidad en el Consejo Económico y Social como órgano consultivo para ser ejecutado desde la instancia gubernamental de planificación y desarrollo. También se propone regresar a la nomenclatura de Secretaría de Estado, derogando el término “ministerio” por ser de otro sistema político, y eliminar la figura de los referéndums por ser un elemento perturbador para el sistema democrático, como se ha observado en otros países.
Sería muy beneficioso ver si el país se concentra en estas reformas y el presidente y su partido, que tienen la mayoría, plantean una modificación constitucional con estos temas que ocupan la opinión pública de los sectores representativos de la sociedad dominicana.
