La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha ordenado la prisión preventiva como medida de coerción para José Calderón Rijo, alias “Adán Cruz” y “Araña”, un individuo reclamado por los Estados Unidos por liderar una de las organizaciones criminales más relevantes vinculadas al narcotráfico en República Dominicana.
Presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por Francisco Ortega Polanco y María Garabito, el tribunal determinó que Calderón Rijo cumpla la medida en el pabellón de extraditables de la cárcel de Najayo.
La decisión se tomó tras la presentación de una solicitud de medida de coerción por parte del procurador adjunto Andrés Chalas, titular del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, y la abogada Analdis Alcántara, quien representa los intereses de los Estados Unidos en el país.
Además, se ha programado el 21 de febrero a las 11:00 de la mañana para el conocimiento de la solicitud de extradición de Calderón Rijo, buscado para cumplir una sentencia emitida por el tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2000. Según la Agencia Federal de Prisiones, este individuo se fugó el 30 de mayo de 2002, quedándole por cumplir 114 meses de condena.
Calderón Rijo enfrentará cargos relacionados con asociación delictuosa para distribuir cocaína en cantidades significativas, importación de sustancias controladas a los Estados Unidos, y posesión con la intención de distribuir sustancias controladas, según las secciones 995 (a) 960 (b) (1) (B) y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
La Policía Internacional (Interpol) detuvo a Calderón Rijo en el país, donde es reconocido como un empresario artístico con influencia en el ámbito artístico. El Departamento del Tesoro lo describe como líder de una red delictiva con base en República Dominicana, dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
Calderón Rijo también enfrenta dos casos en la República Dominicana: una condena de 5 años en Santo Domingo Este por tentativa de homicidio, con pena suspendida, y otro caso en el Distrito Nacional por violencia de género e intrafamiliar, sujeto a medidas de coerción que excluyen la prisión preventiva.
