La Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación sobre la compañía tecnológica OpenAI para averiguar si su famoso bot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT violó los derechos de los consumidores cuando tuvieron lugar filtraciones de información, reportó The Washington Post refiriéndose a la aplicación oficial del organismo.
La FTC le solicitó a la empresa que proporcionara un informe detallado de las reclamaciones de los usuarios que incluyeran expresiones sobre sus productos como “falsos, engañosos, denigrantes o perjudiciales” o que pudieran causar daños a la reputación, para indagar si OpenAI realizaba prácticas desleales y engañosas.
Además, el servicio federal reclamó información referida a un incidente de seguridad en el ChatGPT que sucedió en marzo de este año, cuando debido a una vulnerabilidad en el sistema ciertos usuarios pudieron ver los datos privados de otros, como nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico, cuatro últimos dígitos de tarjetas de crédito y su fecha de vencimiento. Por su parte, OpenAI en un comunicado oficial afirmó que “el número de usuarios cuyos datos fueron realmente revelados a otra persona era extremadamente bajo“.
En EE.UU. aún no existe ningún tipo de regulación para IA, por eso en estos casos se aplica la legislación vigente de protección a los consumidores. Asimismo, el director ejecutivo de la compañía tecnológica, Sam Altman, ha participado activamente en discusiones sobre nueva normativa, interviniendo en el Congreso estadounidense y reuniéndose con el presidente del país, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris.
“Es muy decepcionante ver que la petición de la FTC empieza con una filtración y no ayuda a generar confianza“, declaró Altman en Twitter. “Dicho esto, para nosotros es muy importante que nuestra tecnología sea segura y esté al servicio del consumidor, y estamos seguros de que cumplimos con la ley. Por supuesto, colaboraremos con la FTC“, aseguró el director ejecutivo.
Anteriormente, la FTC había multado a gigantes tecnológicos, como Amazon y Microsoft, por presuntas violaciones a las leyes de protección al consumidor.
