El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque en El Salvador rechazó este miércoles la solicitud de una audiencia de revisión de medidas sustitutiva a la detención provisional para los detenidos líderes comunitarios de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
De acuerdo con la defensa de los arrestados en enero pasado, la petición se basó en el mal estado de salud de los activistas, lo cual fue demostrado con informes de evaluaciones del Instituto de Medicina Legal (IML).
No obstante, el tribunal consideró que los informes están desactualizados y no evidencian una situación crítica de los ambientalistas detenidos por el presunto delito de asesinar a una mujer en 1989, durante la guerra civil salvadoreña.
De igual forma, el magistrado estimó que la defensa no aportó elementos adicionales a la primera solicitud presentada en pasado 8 de febrero, la cual fue rechazada, según medios locales, casi con los mismos argumentos de la Fiscalía.
Los líderes comunitarios de ADES impulsaron la lucha contra la minería que cristalizó en la aprobación por el Congreso de una ley en 2017 que prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento en el país.
Por otro lado, un informe presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) indicó que casi 2.400 persona han sido reportadas como desaparecidas entre enero de 2019 y junio de 2022.
El investigador a cargo, Benjamín Cuellar, señaló que la práctica de desaparición de personas “ha continuado en la Administración actual y es un número bastante considerable” mientras denunció la falta de transparencia de las instituciones.
Medios independientes resaltan que el complejo panorama de la violencia en El Salvador continúa a pesar del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022 bajo la justificación de aumentar el enfrentamiento a la delincuencia.
