Por Dr. Isaias Ramos
Una carta de un grupo de obispos católicos brasileños al Pueblo de Dios, fechada el 22 de octubre de 2026, nos devuelve una pregunta urgente: ¿cómo debe responder quien tiene autoridad cuando defender sus principios exige incomodar al poder?
Sus firmantes vincularon el discernimiento ciudadano con la democracia, los derechos laborales, los pobres y la Casa Común. Fue una intervención de esos obispos, no de todo el episcopado. Podemos discutir sus valoraciones políticas y reconocer el valor de asumir públicamente un deber mientras todavía existe oportunidad de prevenir.
Nuestra historia ofrece un antecedente. En enero de 1960, los obispos dominicanos reclamaron respeto a la dignidad humana ante la represión trujillista. Su carta pastoral provocó la hostilidad del régimen contra sus firmantes. Guardando las diferencias históricas, aquel episodio recuerda que la autoridad moral se prueba cuando defender principios tiene un costo.
La responsabilidad de advertir no termina donde comienza la afinidad política. Una institución debe aplicar a sus aliados el criterio que exige a sus adversarios. La confianza se debilita cuando una misma conducta recibe condena o indulgencia según quién la cometa.
Ese examen alcanza a nuestro país. ¿Qué han hecho las autoridades, las instituciones públicas y privadas, los medios, las empresas y las organizaciones sociales y religiosas para corregir las prácticas que deterioran nuestra convivencia? ¿Qué han premiado, tolerado o normalizado?
Cuando la cercanía al poder sustituye al mérito y los indicios de irregularidad se ignoran por conveniencia, enseñamos que cumplir las reglas importa menos que conocer a quien puede dispensarnos de ellas. El daño llega también a quien empieza a preguntarse si actuar honestamente todavía tiene sentido.
La madre que espera atención médica, el trabajador que cumple sus obligaciones y el joven que busca su primer empleo necesitan algo más que exhortaciones a sacrificarse. Necesitan atención sin contactos, oportunidades sin deber favores y reglas que no los dejen atrás por cumplirlas. La igualdad debe sentirse en el trato que reciben.
En esas experiencias reconocemos dimensiones de la crisis material, moral y espiritual que denunciamos. Debemos examinar las decisiones y omisiones de quienes han dirigido la nación durante las últimas décadas y los intereses que las han sostenido. Las responsabilidades deben establecerse con hechos, según la autoridad ejercida y la capacidad real de intervenir.
Una denuncia no equivale a una condena: corresponde a la instancia competente evaluarla conforme a la ley. Cuando se comprueba una irregularidad, debe explicarse qué cambiará, quién lo hará y en qué plazo. La información pública debe respetar las reservas legales y los derechos de las personas.
Ese compromiso alcanza a todos los sectores. Las empresas deben corregir incumplimientos; los medios, investigar sin favoritismos y rectificar de forma visible; las organizaciones religiosas y sociales, sostener sus criterios cuando aplicarlos incomoda a personas cercanas.
Como ciudadanos, podemos contrastar promesas con resultados y rechazar el privilegio que nos beneficia. No podemos exigir una fila justa mientras buscamos a alguien que nos permita saltarla. Nadie necesita esperar a ocupar un cargo para comenzar.
Ningún cargo, uniforme, investidura o influencia concede una dispensa moral. Desde nuestras convicciones cristianas, sostenemos que respondemos ante Dios por nuestros actos y omisiones. Ante la sociedad, corresponde rendir cuentas y asumir las consecuencias que establezca la ley. Quienes tienen mayor autoridad deben responder por ella, pero ningún ciudadano queda exento de cumplir sus deberes.
El bicentenario de nuestra independencia debe encontrarnos en una sociedad donde el orden proteja derechos, la justicia alcance a todos y las oportunidades no dependan del apellido, la fortuna o la cercanía al poder.
La nación que queremos legar a nuestros hijos comienza en el trato que recibe hoy quien carece de influencia. Se construye en cada decisión pública, en cada institución que conserva su independencia y en nuestra conducta cotidiana. Ahí deben reconocerse los valores que les pedimos defender.
El 2044 comienza hoy.
Artículo de opinión por Dr. Isaias Ramos
