Naciones Unidas.– La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, por amplia mayoría, una nueva resolución que reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, aunque el resultado mostró una reducción significativa del respaldo respecto al año anterior.
El texto recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones durante la votación celebrada este 28 de octubre.
Entre los países que se abstuvieron figuró República Dominicana, junto con Chile, Honduras y Perú, entre otros.
Estados Unidos e Israel volvieron a votar contra la resolución y, en esta ocasión, entre las delegaciones que también se pronunciaron en contra estuvieron Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Ucrania, según el resultado divulgado tras la sesión.
Respaldo cae frente a la votación de 2025
Aunque el documento volvió a ser aprobado, la distribución de los votos marca un cambio importante frente al año pasado.
En 2025, la resolución consiguió 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. En 2026, el respaldo disminuyó a 130, mientras los votos negativos aumentaron a 17 y las abstenciones alcanzaron 25.
La votación de este año fue la 34.ª ocasión en que la Asamblea General aborda una resolución que reclama poner fin a las medidas económicas estadounidenses contra Cuba.
El tema se encuentra en la agenda del organismo desde 1992 y, durante más de tres décadas, las resoluciones han recibido mayoritariamente el respaldo de los Estados miembros.
República Dominicana se abstiene
Para República Dominicana, la votación adquiere especial relevancia por el cambio registrado en su posición reciente respecto al tema.
En julio de este mismo año, la representación dominicana también se había abstenido en una votación previa de la Asamblea General que permitió celebrar un debate urgente sobre el embargo a Cuba.
La abstención de este miércoles coloca nuevamente al país fuera del grupo que respaldó la resolución promovida por La Habana.
El voto se produce además en un contexto de cambios políticos y diplomáticos en América Latina y el Caribe que han modificado las posiciones de varios gobiernos sobre Cuba.
Resolución no obliga a Estados Unidos a eliminar sanciones
Aunque la Asamblea General aprueba anualmente el texto, sus resoluciones sobre este tema no son jurídicamente vinculantes para Washington.
La votación tiene principalmente peso político y diplomático, al reflejar la posición de los países miembros de Naciones Unidas frente a las sanciones.
La legislación que sustenta buena parte del embargo estadounidense continúa vigente y su eliminación completa requeriría decisiones internas de Estados Unidos, incluido el Congreso.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro confirma que el embargo permanece en vigor y que la mayoría de las transacciones entre personas sujetas a jurisdicción estadounidense y Cuba continúan prohibidas o reguladas.
Washington defendió su política hacia Cuba
Estados Unidos realizó una campaña abierta para que otros gobiernos votaran contra la resolución.
Durante el debate previo, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó la caracterización cubana de las sanciones como un bloqueo total y argumentó que Cuba mantiene comercio con Estados Unidos y otras economías.
También sostuvo que los problemas económicos de la isla no pueden atribuirse exclusivamente a las sanciones y responsabilizó al modelo político y económico cubano por una parte de la crisis.
Waltz pidió directamente a los Estados miembros que rechazaran el proyecto presentado por La Habana.
Cuba denunció presiones antes de la votación
El Gobierno cubano, por su parte, acusó a Washington de ejercer presiones sobre otros países para modificar sus votos.
El canciller Bruno Rodríguez afirmó días antes de la sesión que funcionarios estadounidenses habían advertido sobre posibles consecuencias diplomáticas o económicas a gobiernos que respaldaran la resolución.
Reuters reportó esas acusaciones el 21 de octubre y señaló que el Departamento de Estado no había respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre esas afirmaciones.
Estados Unidos posteriormente rechazó públicamente las denuncias y acusó a La Habana de intentar utilizar la votación para obtener respaldo internacional a su Gobierno.
Las acusaciones cubanas de presiones deben entenderse, por tanto, como afirmaciones de La Habana que Washington niega.
Cuba calcula pérdidas superiores a US$8,000 millones
El Gobierno cubano estima que las medidas estadounidenses ocasionaron pérdidas de alrededor de US$8,083 millones entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
La cifra fue presentada por La Habana como parte de su argumentación ante Naciones Unidas y corresponde a cálculos del propio Gobierno cubano.
No constituye una estimación independiente realizada por la ONU.
Las autoridades de la isla sostienen que las restricciones afectan importaciones, operaciones financieras, transporte, suministro energético, producción y acceso a determinados bienes y tecnologías.
Crisis cubana tiene múltiples factores
Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética caracterizada por escasez de combustible, apagones prolongados, deterioro del poder adquisitivo y dificultades para mantener servicios básicos.
Las sanciones estadounidenses constituyen uno de los factores que limitan el comercio y las operaciones financieras de la isla, aunque diversos análisis también identifican problemas estructurales internos, baja productividad, deterioro de la infraestructura, políticas económicas fallidas y escasez de divisas.
La distinción resulta relevante porque La Habana atribuye una parte central de sus dificultades al régimen de sanciones, mientras Washington responsabiliza principalmente al sistema económico y político cubano.
Trump endureció medidas contra La Habana en 2026
La votación se produce después de que el Gobierno del presidente Donald Trump intensificara durante 2026 su política hacia Cuba.
El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren petróleo directa o indirectamente a la isla.
La Casa Blanca argumentó que las políticas del Gobierno cubano representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
Esa es la posición oficial de Washington y ha sido rechazada por el Gobierno cubano.
Posteriormente, Estados Unidos amplió otras sanciones y restricciones contra funcionarios, entidades y operaciones relacionadas con la isla.
Embargo o bloqueo: dos términos para una misma disputa
La terminología utilizada también refleja las posiciones políticas enfrentadas.
La denominación oficial de la resolución de Naciones Unidas se refiere a la necesidad de poner fin al “embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Washington utiliza principalmente el término embargo, mientras el Gobierno cubano lo denomina bloqueo, argumentando que su alcance extraterritorial afecta operaciones con empresas y gobiernos de terceros países.
Estados Unidos sostiene que Cuba puede comerciar con numerosas naciones y que existen excepciones y autorizaciones para determinadas operaciones, incluidas algunas relacionadas con alimentos, medicamentos y actividades humanitarias.
Votación mantiene condena, pero revela cambios
El resultado de 2026 conserva una mayoría clara a favor de solicitar el fin del embargo, pero también muestra una modificación considerable en el mapa diplomático.
El respaldo pasó de 165 a 130 países en apenas un año.
Al mismo tiempo, aumentaron tanto los votos en contra como las abstenciones, en medio de una campaña diplomática más intensa de Washington y de cambios políticos en varios países latinoamericanos.
La resolución fue aprobada, pero la votación evidencia que el consenso internacional que durante años rodeó este tema se ha reducido.
Para República Dominicana, la abstención representa además una posición que merece seguimiento por sus implicaciones dentro de la política exterior regional y las relaciones con Cuba y Estados Unidos.
