ACOFAVE remitió una comunicación al INTRANT planteando condiciones técnicas y de gobernanza para la puesta en marcha de la Inspección Técnica Vehicular, pendiente de implementación desde la promulgación de la Ley núm. 63-17 hace casi diez años.
La organización recordó que la ley establece la revisión técnica anual obligatoria para vehículos de motor con más de tres años de fabricación, con el fin de verificar sus condiciones técnico-mecánicas, garantizar que no representen un peligro para los usuarios de las vías y comprobar el cumplimiento de las normas de control de emisiones contaminantes y sonoras.
ACOFAVE advirtió que la demora en la implementación tiene consecuencias directas: el país registra alrededor de 3,000 muertes anuales por siniestros de tránsito, a las que se suman los efectos sobre la salud derivados de la contaminación del aire y las emisiones vehiculares.
Independencia operativa, requisito no negociable
La Asociación señaló que los operadores habilitados para realizar las inspecciones deben contar con independencia societaria y operativa respecto de concesionarios, importadores, talleres de reparación, aseguradoras, transportistas y cualquier otro actor cuyos vehículos o actividades sean objeto de verificación.
Esta condición, indicó ACOFAVE, aplica independientemente del mecanismo de implementación que se seleccione, ya sea mediante una alianza público-privada o una licitación gestionada directamente por el INTRANT.
Requisitos técnicos y de gobernanza que plantea el sector
Entre los elementos que la Asociación considera indispensables para garantizar la credibilidad del sistema figuran la experiencia previa demostrable de los operadores de las estaciones de inspección, mecanismos independientes de auditoría y control de calidad sobre los resultados, y la aplicación de criterios técnicos homologados desde el inicio de las operaciones.
«La implementación de la ITV constituye una medida impostergable para mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un parque vehicular en mejores condiciones. Su puesta en marcha debe realizarse mediante un proceso transparente, técnicamente sólido y libre de conflictos de interés», afirmó Yris Nelsi González, directora ejecutiva de ACOFAVE.
Cronograma público con etapas y responsables
ACOFAVE también planteó que las autoridades definan y comuniquen un cronograma verificable, con responsables, etapas y plazos claramente establecidos, que permita a la ciudadanía dar seguimiento efectivo al proceso de implementación.
La Asociación reiteró que la seguridad vial debe constituir una política pública prioritaria del Estado, acompañada del cumplimiento de la normativa vigente, una fiscalización eficaz, la aplicación de las sanciones correspondientes y la ejecución de las acciones previstas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030.
Finalmente, ACOFAVE expresó su disposición de ampliar sus planteamientos y contribuir técnicamente con las autoridades en el diseño e implementación de un sistema de inspección vehicular confiable, orientado a proteger la vida, la salud y el medioambiente.
