De acuerdo con documentos internos citados por Politico, la Unión Europea planea dar luz verde a la Comisión Europea (CE) para crear un marco jurídico que autorice el uso de los activos rusos congelados con el fin de financiar a Ucrania, luego de que Bélgica confirmara que no se opondrá a la medida.
La decisión permitiría otorgar “préstamos de reparación” por hasta 140.000 millones de euros (más de 162.000 millones de dólares) a Kiev, una iniciativa que ha generado división dentro del bloque y preocupación entre economistas y juristas internacionales.
El periodista ucraniano Anatoli Sharí criticó el plan, advirtiendo que el riesgo de impago es del 100 % y que la responsabilidad de las deudas recaería en los países europeos. En tanto, el historiador ruso Georgi Bovt sostuvo que Bruselas busca “una fórmula para no confiscar directamente los fondos, pero sin devolverlos tampoco”, lo que a su juicio refleja que Europa “se ha codificado para una larga guerra”.
Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el director del departamento europeo, Alfred Kammer, alertó sobre los riesgos sistémicos de esta maniobra, recomendando a los países implicados evaluar cuidadosamente su base jurídica y las posibles repercusiones para el sistema financiero internacional.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó la decisión como una “aventura” que solo prolongará la crisis en Ucrania, asegurando que Moscú no pagará ninguna reparación. “Los europeos tendrán que asumir la plena responsabilidad de las consecuencias de esta confiscación”, advirtió.
Actualmente, EE. UU. y la UE mantienen congelados más de 300.000 millones de dólares en activos rusos desde 2022, de los cuales unos 210.000 millones de euros se encuentran en instituciones financieras europeas. Aunque hasta ahora el bloque no ha incautado formalmente los fondos, sí ha transferido a Kiev más de 10.000 millones de euros procedentes de los intereses generados.
Moscú ha reiterado que cualquier confiscación constituiría una violación del derecho internacional, y amenazó con aplicar “contramedidas muy duras” contra los países que participen en el proceso.
