El imputado, Dauris Santana (Dauri), fue arrestado infraganti con drogas, dinero y una balanza durante un allanamiento en Los Cacaos.
Santo Domingo, R.D.– El Ministerio Público logró que un tribunal de San Cristóbal impusiera tres meses de prisión preventiva contra Dauris Santana (Dauri), acusado de dirigir una red dedicada al tráfico de drogas que operaba en el municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal.
La medida fue dictada por el juez José Carlos Arias Nina, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que presentó pruebas que vinculan al imputado con la venta y distribución de sustancias controladas en la zona.
Santana fue arrestado infraganti el pasado 2 de octubre, durante un allanamiento en su residencia, autorizado mediante la orden judicial No. 01541-2025-AJOA-03000, emitida el 29 de septiembre de 2025.
Durante el operativo, ejecutado junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron ocupadas 117 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 38 porciones de marihuana, una balanza y la suma de RD$91,000 en efectivo.
Los narcóticos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.
Investigación y acusación
De acuerdo con el expediente presentado por las procuradoras fiscales Ramona Santana Uceta, Laura Segura Cordero y Wendy Martínez Garabitos, la investigación se inició dos meses antes del arresto, luego de identificar a Santana como líder de una estructura criminal que distribuía drogas en distintas localidades de San Cristóbal.
La fiscal litigante Belkis Tejeda Espinal presentó ante el tribunal las evidencias que demostraron la vinculación directa del acusado con el tráfico de estupefacientes.
El imputado fue enviado a cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Santana enfrenta cargos por violar los artículos 5, literal A; 6, literal A; 75, párrafo II, y 85, literales B y D, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público justificó la medida por considerar que el acusado no presenta garantías procesales ni arraigo suficiente, lo que representa riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso.
