La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, representó al Ministerio Público dominicano en el encuentro. Durante las sesiones, compartió la experiencia del país en materia de cooperación internacional contra estos delitos.
Bejarán Álvarez destacó que la REDTRAM acordó fortalecer la investigación financiera desde el inicio de los procesos judiciales y priorizar la reparación económica de las víctimas como ejes centrales de la estrategia regional.

36 conclusiones y acuerdos de cooperación
Al término del encuentro, los fiscales participantes firmaron un documento con 36 conclusiones que abarcan cooperación operativa, protección de víctimas e investigación financiera. También se acordó promover canales seguros para el intercambio de información entre las fiscalías de la región.
Asimismo, los participantes acordaron solicitar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la elaboración de una guía regional sobre la no criminalización de las víctimas de trata, un aspecto considerado prioritario por la red.

Indicadores para detectar trata en estafas en línea
Uno de los acuerdos más relevantes del encuentro fue el compromiso de desarrollar indicadores regionales para la identificación temprana de la trata de personas con fines de criminalidad forzada, con énfasis particular en las estafas en línea, una modalidad delictiva en expansión en la región.
Este tipo de crimen organizado capta a sus víctimas con falsas ofertas de empleo y las obliga a operar centros de fraude digital, frecuentemente ubicados en zonas de escaso control estatal.
Respaldo de España, UNODC y EL PAcCTO 2.0
El encuentro fue acogido por la Fiscalía General del Estado de España y contó con el apoyo técnico de la UNODC y del programa de cooperación internacional EL PAcCTO 2.0, iniciativa que promueve el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe.
La REDTRAM reúne a fiscalías especializadas y ministerios públicos de Iberoamérica para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mediante mecanismos de cooperación, intercambio de información y desarrollo de capacidades institucionales.










