El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos y responsable de supervisar las operaciones militares en América Latina y el Caribe, entregó este viernes el mando de la institución, retirándose apenas un año después de asumir el cargo.
Las funciones de liderazgo fueron transferidas de manera interina a su adjunto, Evan Pettus, teniente general de la Fuerza Aérea, durante una ceremonia celebrada en Doral, Florida.
La salida de Holsey se produce en un momento de fuerte escrutinio por parte del Congreso estadounidense, que investiga los ataques llevados a cabo por fuerzas de EE. UU. en el Caribe y el este del Pacífico contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, operaciones que han dejado al menos 87 personas fallecidas.
Durante su discurso de despedida, el almirante evitó referirse directamente a las operaciones militares o a las razones específicas de su retiro anticipado. No obstante, exhortó a su sucesor a preservar las relaciones de cooperación con los países de la región y a mantener el compromiso con los valores democráticos y el Estado de derecho.
“Para ser un socio confiable, debemos ser creíbles, estar presentes y comprometidos”, expresó Holsey.
El anuncio de su retiro fue realizado de manera sorpresiva en octubre, semanas después de iniciarse los ataques en el Caribe. Informes citados por medios estadounidenses señalan que Holsey habría manifestado preocupación por la legalidad de estas operaciones, adoptando una postura más cautelosa que la impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aunque el Pentágono asegura que nunca presentó objeciones formales.
Las acciones militares estadounidenses en la región han generado un amplio rechazo internacional, especialmente tras el asalto a un petrolero con crudo venezolano, hecho que Caracas calificó como un acto de piratería. Venezuela sostiene que estas operaciones responden a un intento de cambio de régimen y al interés de Washington en apropiarse de sus recursos energéticos.
Diversos organismos internacionales, así como gobiernos de América Latina y Europa, han condenado los ataques, mientras expertos en derecho internacional los describen como ejecuciones extrajudiciales sin sustento legal.
