Grande explicó que el pago fue transferido desde la cuenta de una empresa del intermediario, radicada en Estados Unidos, hacia una entidad bancaria argentina. Según el empresario, él mismo desconoce quién fue el cliente final que solicitó el traslado y señaló que el intermediario tampoco tenía conocimiento previo de Bolsonaro.
“A mí me contrató un ‘broker’ a quien conozco desde hace 10 años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos”, declaró Grande, quien declinó identificar a esa persona.
El nombre de Jason Miller surge en la controversia
Las declaraciones del empresario se producen luego de que el diario The New York Times publicara que el avión habría sido contratado por Jason Miller, asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Grande no confirmó esa versión ante AFP. Al momento de la publicación de la información, la Casa Blanca tampoco se había pronunciado sobre el asunto.
El vuelo se realizó en un avión Gulfstream G400 de Baires Fly, que despegó de Puerto Iguazú a las 00:21 AM del 28 de octubre con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami. Flávio Bolsonaro llegó a territorio estadounidense ese mismo miércoles.
Una fuga que desafió órdenes judiciales brasileñas
El traslado generó una crisis judicial y política de alcance regional. Flávio Bolsonaro abandonó Brasil por vía terrestre pese a que el Supremo Tribunal Federal brasileño le había prohibido salir del país y le había ordenado entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Según los registros migratorios argentinos, la familia ingresó a ese país el martes 27 de octubre a las 22:50, a través del puente internacional Tancredo Neves. Las autoridades argentinas indicaron que los cuatro viajeros presentaron documentación válida y que no existían impedimentos registrados para su ingreso al territorio nacional.
Investigación en Argentina apunta al gobierno de Milei
El caso desató una controversia política interna en Argentina. La fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares para determinar si funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei facilitaron de forma irregular el traslado del político brasileño.
El Ejecutivo argentino negó cualquier participación indebida y aseguró haber entregado a la Justicia los registros migratorios y aeroportuarios correspondientes. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que no existía ninguna alerta de Interpol que impidiera el tránsito de Bolsonaro por suelo argentino.
El caso sigue bajo escrutinio judicial en Argentina y Brasil, mientras persiste la incógnita sobre la identidad del cliente final que financió el traslado.
