El Banco Central de la República Dominicana rechazó que las informaciones publicadas sobre una sentencia que le ordena pagar US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral reflejen la situación jurídica completa del caso. La institución aclaró el origen de la operación y confirmó que ejercerá los recursos legales disponibles.
La decisión cuestionada fue dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Según el BCRD, el proceso tiene una extensa trayectoria que incluye fallos del Tribunal Superior de Tierras y recursos de casación previamente tramitados ante la Suprema Corte de Justicia.
La institución subrayó que la sentencia en cuestión no es definitiva y que el ordenamiento jurídico dominicano contempla los mecanismos de impugnación que el Banco Central se reserva ejercer para defender los intereses del Estado y de la propia institución.
El origen de la operación: pago de deudas del Estado por la Autopista Duarte
El BCRD precisó que la operación que dio origen al litigio se produjo a partir de 1999 en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano vinculadas a la ampliación de la Autopista Duarte, gestionadas a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
Como parte de ese proceso, el Banco Central transfirió a los contratistas correspondientes terrenos de su propiedad ubicados en el sector de Herrera, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano. La operación se ejecutó a requerimiento del Poder Ejecutivo y contó con la autorización previa de la Junta Monetaria.
Contrato de permuta con el Consejo Estatal del Azúcar
La institución explicó que la transacción tuvo su base jurídica en un contrato de permuta suscrito el 18 de octubre de 1999 entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aprobado por el Congreso Nacional. En virtud de ese acuerdo, el CEA se comprometió a entregar al BCRD terrenos ubicados en el municipio de San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los predios transferidos a los contratistas.
Con base en ese marco legal y contractual, el BCRD rechazó cualquier interpretación que presente su actuación como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta orientada a perjudicar a los contratistas involucrados.
Postura institucional y próximos pasos
El Banco Central reiteró su respeto al debido proceso y a las decisiones de los tribunales de la República, al tiempo que confirmó que continuará aportando ante las instancias competentes todos los elementos documentales y jurídicos que respaldan su actuación.
La institución afirmó que ha actuado en todo momento dentro del marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas por el Estado dominicano.
