BUENOS AIRES, Argentina.– El Gobierno argentino elevó la presión sobre las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas —Falkland Islands para Reino Unido— al advertirles que deberán elegir entre participar en esas operaciones o mantener acceso a proyectos y negocios estratégicos dentro del territorio continental argentino, entre ellos Vaca Muerta.
El canciller Pablo Quirno afirmó que unas 180 compañías relacionadas directa o indirectamente con la actividad petrolera en el archipiélago ya fueron notificadas sobre las posibles consecuencias de continuar involucradas en esas operaciones.
“Van a tener que decidir: o trabajan en Malvinas o trabajan en Vaca Muerta”, manifestó el funcionario al explicar la estrategia impulsada por la administración del presidente Javier Milei.
Advertencia también alcanza a proveedores
La medida no estaría limitada a las empresas que realizan directamente tareas de exploración o extracción. Quirno explicó que el alcance previsto incluye a proveedores de servicios petroleros, compañías financieras, aseguradoras, operadores logísticos y otras entidades relacionadas con los proyectos.
El canciller sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta ofrece al Gobierno argentino una herramienta de negociación que no existía cuando fue aprobada la Ley 26.659, en 2011.
Según su planteamiento, las compañías deberán evaluar si les resulta conveniente participar en proyectos ubicados en un territorio cuya soberanía permanece en disputa o conservar el acceso a oportunidades de inversión dentro de Argentina.
Gobierno busca acelerar las sanciones
La advertencia se produjo después de que Milei anunciara la firma de un decreto reglamentario y el envío al Congreso de un proyecto de ley para fortalecer la respuesta argentina frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion.
La Oficina del Presidente indicó que las iniciativas buscarán reforzar la coordinación entre las áreas de Defensa, Seguridad Nacional, Inteligencia, Cancillería y Economía. El proyecto legislativo también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos de protección de infraestructuras críticas y espacios marítimos.
Quirno explicó que el decreto busca agilizar los procedimientos administrativos para aplicar sanciones, mientras que la reforma de la Ley 26.659 procurará ampliar su alcance y establecer mecanismos para que las empresas puedan regularizar su situación si abandonan las actividades cuestionadas por Argentina.
¿Qué establece la Ley 26.659?
La legislación argentina prohíbe que personas físicas o jurídicas que operen en el país desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental reclamada por Argentina sin autorización de sus autoridades.
La prohibición también comprende la participación directa o indirecta en empresas que realicen esas actividades, así como la prestación de servicios financieros, logísticos, técnicos, comerciales, de consultoría o asesoría.
La norma contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, la reversión de concesiones y restricciones para contratar con organismos del Estado argentino.
El canciller también informó que los proyectos que soliciten los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones —RIGI— deberán presentar una declaración jurada asegurando que no incumplen la Ley 26.659.
Sea Lion, centro de la controversia
La ofensiva argentina tiene como principal objetivo el proyecto Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Buenos Aires considera que las licencias otorgadas para explorar y explotar los recursos del área carecen de validez porque no cuentan con autorización argentina. La Cancillería había rechazado previamente las operaciones de Navitas y argumentado que constituyen una modificación unilateral de la situación existente en el territorio disputado.
Argentina fundamenta parte de su posición en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976. El documento exhorta a Argentina y Reino Unido a acelerar las negociaciones sobre la disputa de soberanía y a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente una solución.
Petroleras aseguran que el proyecto continuará
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration rechazaron que las medidas anunciadas por Argentina vayan a detener Sea Lion.
En una declaración difundida por Rockhopper, las compañías afirmaron que operan con licencias concedidas por el gobierno de las islas y con el respaldo del Reino Unido. También indicaron que no esperan efectos materiales sobre las actividades ni sobre el calendario de desarrollo del proyecto.
La posición de las empresas refleja la diferencia jurídica y política existente entre las partes. Argentina considera que el archipiélago y sus espacios marítimos forman parte de su territorio, mientras que Reino Unido administra las islas como un territorio británico de ultramar.
Reino Unido reafirma su posición
El Gobierno británico respondió a los anuncios argentinos reiterando que su compromiso con las islas es “absoluto e inamovible” y que cualquier decisión sobre su condición política debe considerar la voluntad de sus habitantes.
Londres sostiene que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y apela al principio de autodeterminación. En un pronunciamiento presentado ante la Organización de Estados Americanos en junio de 2026, Reino Unido afirmó que la explotación de hidrocarburos constituye una decisión de las autoridades y habitantes del archipiélago.
Argentina, por el contrario, sostiene que existe una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y que ninguna de las partes debe adoptar decisiones unilaterales que alteren la situación del territorio.
La advertencia de Quirno incorpora ahora el atractivo económico de Vaca Muerta a esa disputa: las compañías que mantengan vínculos con la explotación petrolera en las islas podrían enfrentar restricciones para participar en uno de los principales centros energéticos de Argentina.
