Las protestas en Bolivia para exigir la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, investigado por el caso ‘golpe de Estado I’ contra Evo Morales en 2019, no han cesado desde su detención y traslado a La Paz.
Las manifestaciones más contundentes son en Santa Cruz, zona gobernada por Camacho y su bastión político por excelencia, donde colectivos de mujeres y simpatizantes han protagonizado sendos choques con la policía, actos vandálicos y medidas de calle para presionar la liberación del regidor.
La situación ha escalado al punto en que Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz –organización clave para Camacho– amenazó con bloquear la salida de alimentos y mercancías de la región, una de las más ricas de Bolivia.
“De Santa Cruz no saldrá nada“, dijo Calvo el pasado fin de semana, refiere la prensa local. La certeza de esa sentencia está basada en un acuerdo pactado con productores de alimentos de la zona, que mantienen un bloqueo en la carretera hacia Cochabamba.
Según el dirigente, el país “vive de ellos”, por lo que adelantó que el objetivo de los bloqueos viales es torcerle la mano al Gobierno para que entienda que “sin Santa Cruz no hay Estado”.
No obstante, el martes, Calvo intentó moderar su discurso y aseguró que las manifestaciones no son para “hacer daño a las instituciones”, a pesar de que se reportó la quema de edificios públicos y vandalismo. En sus palabras, los ataques denunciados por el Gobierno son un montaje para “militarizar y llamar a un estado de sitio”.
Armas y financiamiento
Frente al tenor de las amenazas, los duros choques de los manifestantes con la policía y la contundencia de las medidas de presión, este miércoles el vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó las organizaciones que están detrás de las protestas.
“Hay que preguntarse quiénes los están organizando, quién le está dotando los explosivos de alta peligrosidad (…), pero también quién les va señalando o fijando los objetivos de lo que se planifica a atacar“, aseveró el vocero en una entrevista a Unitel.
Para Richter, hay indicios de que los grupos de descontentos –movilizados desde el pasado 28 de diciembre, cuando las autoridades detuvieron a Camacho– podrían estar recibiendo financiamiento “para poder diseñar y producir la cantidad de armamento que se ha confiscado“.
Las declaraciones del vocero ocurren después de los ataques con fuegos artificiales y armas de fabricación casera que recibió la policía, mientras los uniformados intentaban contener las manifestaciones. Ante el reclamo de los “cívicos” por la represión, la respuesta del subcomandante de la Policía, Edson Claure, fue que frente a “una acción siempre hay una reacción”.
La situación parece lejos de resolverse en lo inmediato y la preocupación se extiende a la economía. El presidente del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, alertó sobre las duras consecuencias que tendrán los bloqueos viales para el gremio y el país en general, ya que alrededor de 70 % de las mercancías salen de Santa Cruz.
“Se perjudica al país, al departamento, a la alimentación que viene de Santa Cruz, como es la carne de res, de pollo, arroz, azúcar, que va a Cochabamba, Potosí, La Paz. ¿Qué van a hacer esos departamentos?”, cuestionó, tras recordar que en el último año el sector ha padecido unos 60 días de paro, no solo por la conflictividad en la zona, sino por las recientes protestas en Perú.
En medio de la pugnacidad, varias terminales de pasajeros han decidido suspender los viajes hacia Santa Cruz por los bloqueos de carretera.
Camacho, en tratamiento
En la cárcel de Chonchocoro, donde se encuentra recluido, Camacho también recibió un tratamiento médico para atenderse la hipogammaglobulinemia y el síndrome de Churg-Strauss, dos enfermedades que padece y que afectan su sistema inmune, refieren medios locales.
El director de Régimen Penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias, confirmó que el político había sido atendido y adelantó que estaban a la espera de su mejoría física.
“Esperamos que esta tarde culmine con éxito todo lo que corresponde y podamos tener certidumbre sobre [su salud]”, declaró Limpias la mañana de este miércoles en entrevista con Unitel. Según el funcionario, hay una junta médica a disposición el gobernador de Santa Cruz, quien también es acompañado por un familiar mientras se recupera.
En la víspera, además, se conoció una carta de Camacho en la que desafió al presidente del país, Luis Arce, a mantener un debate, y se declaró como “prisionero político”.
Para el gobernador de Santa Cruz, el procedimiento en su contra es “un caso inventado” que pretende buscar “una revancha contra los bolivianos” que respaldaron la salida de Morales en 2019.
Camacho, que fue detenido el pasado jueves, cumple cuatro meses de prisión preventiva que le impuso un juez. Frente a los señalamientos de que Arce estaría detrás de la detención del político opositor, el vocero Richter zanjó este miércoles: “El caso se ventila en la justicia, no en el gobierno central”.
