La delegación de Venezuela ante las Naciones Unidas exigió este viernes el “cese inmediato” de las operaciones militares que Estados Unidos mantiene en el Caribe sur desde hace más de cinco semanas. Caracas sostiene que dichas acciones constituyen una violación del derecho internacional y representan un peligro para la paz y la seguridad regional.
El embajador venezolano Héctor Constant Rosales denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Washington está ejecutando operaciones ilegales, incluyendo el bombardeo con misiles a embarcaciones artesanales. “Se trata de violaciones flagrantes a la Carta de la ONU que amenazan gravemente la estabilidad hemisférica”, afirmó.
Según el gobierno de Nicolás Maduro, el despliegue estadounidense incluye ocho destructores, 1.200 misiles, un submarino nuclear y cazas F-35 en Puerto Rico, todo bajo la justificación de operaciones contra el narcotráfico. Caracas lo considera parte de una estrategia de hostigamiento y de un plan soterrado para propiciar un “cambio de régimen”.
El 12 de septiembre, una embarcación pesquera venezolana fue asaltada en la Zona Económica Exclusiva, incidente que el Ejecutivo calificó como una incursión “ilegal”. En respuesta, Maduro ordenó el alistamiento de milicianos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó el “Plan Independencia 200”, con ejercicios militares en la isla de La Orchila.
Mientras tanto, marines estadounidenses desplegados en Puerto Rico realizaron el 18 de septiembre un simulacro de desembarco anfibio, al tiempo que Washington anunció la reapertura de la Estación Naval Roosevelt Roads, clausurada desde 2004.
La escalada de tensiones entre ambos países se produce en un contexto de creciente confrontación diplomática, en el que Caracas insiste en que la verdadera motivación de EE.UU. es el control de los recursos naturales de Venezuela.
