La controversia sobre la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) y su papel en Venezuela vuelve a ocupar titulares. Dos décadas después de que el entonces presidente Hugo Chávez expulsara a la agencia en 2005, acusándola de encubrir operaciones de espionaje y narcotráfico, las tensiones entre Washington y Caracas alcanzan un nuevo pico con el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.
Chávez justificó la medida al denunciar que la DEA era innecesaria para combatir el tráfico de drogas y que, en realidad, ponía en riesgo la seguridad nacional. Más tarde, en 2007, el ministro del Interior Pedro Carreño fue más lejos: calificó a la agencia como “el cártel de narcotráfico más grande del mundo”.
Las acusaciones resurgen en un contexto en que EE.UU., bajo la administración Trump, insiste en señalar a Venezuela como un narcoestado, pese a que informes de Naciones Unidas y de la propia DEA muestran lo contrario:
- 87 % de la droga que llega a EE.UU. transita por la ruta del Pacífico, principalmente desde Colombia y Ecuador.
- Apenas un 5 % pasa por Venezuela.
- El National Drug Threat Assessment de la DEA no menciona a Venezuela como centro clave de cultivo o distribución.
En contraste, las autoridades venezolanas destacan que desde la salida de la DEA han incautado más de 1,050 toneladas de drogas (2005-2025), un 43 % más que en el período anterior con la agencia en el país.
Especialistas como Pino Arlacchi, exvicesecretario de la ONU, sostienen que los datos desmontan la narrativa del “Cartel de los Soles”, calificándola de construcción geopolítica para justificar sanciones y presiones contra el gobierno bolivariano.
Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reitera que Washington pretende usar la “máscara del narcotráfico” para promover un cambio de régimen en Caracas, y advierte que el verdadero epicentro del problema está en el consumo, el lavado de dinero en la banca estadounidense y la logística interna que sostiene el negocio en territorio norteamericano.
