La tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazara públicamente las sanciones impuestas por Washington al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, calificándolas de “injerencia inaceptable” en los asuntos internos del país.
“La justicia no es negociable. La injerencia del Gobierno estadounidense en el sistema judicial brasileño es inaceptable”, escribió Lula en su cuenta oficial de X.
Moraes encabeza la investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado. La sanción, impuesta por el Departamento del Tesoro de EE.UU., acusa al juez de supuestas violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y censura, incluyendo acciones legales contra Bolsonaro y sus aliados.
Lula denunció que estas medidas responden a “acciones de políticos brasileños que traicionan al país en defensa de sus propios intereses”, en alusión implícita a sectores bolsonaristas que, según él, han buscado respaldo internacional para desacreditar las instituciones brasileñas.
Ofensiva económica paralela
Además del castigo individual contra De Moraes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50 % sobre productos brasileños, aunque eximiendo 694 ítems estratégicos como aviones civiles, hierro, aluminio y productos agrícolas.
Lula respondió con firmeza:
“Brasil ha acumulado un importante déficit comercial con EE.UU. en las últimas décadas. La motivación política detrás de estas medidas socava la soberanía nacional”.
El mandatario brasileño añadió que su gobierno ya está evaluando los impactos económicos y adoptando medidas para proteger a trabajadores y empresas afectadas. Y advirtió:
“Brasil se reserva el derecho a responder”.
En medio de este conflicto diplomático, Lula también defendió la regulación de plataformas digitales y reafirmó el compromiso de su gobierno con el combate al contenido de odio, la desinformación y la protección de los derechos humanos.
La respuesta brasileña deja claro que el conflicto no solo gira en torno a sanciones, sino también al papel que juega la independencia judicial en una democracia que resiste presiones extranjeras.
