(Sputnik) — El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2012-2018) solicitó asilo al Gobierno de México, confirmó en las últimas horas Eduardo Franco Loor, uno de sus abogados.
Añadió que Glas se considera un perseguido político y que su vida corría peligro ante una detención en las cárceles del país.
El exvicemandatario ingresó a la misión diplomática mexicana el 17 de diciembre en calidad de huésped, en coincidencia con una orden de la Fiscalía para su localización e inmovilización como parte de las diligencias en una investigación por un caso de presunto peculado en 2016.
En ese caso, Glas es señalado por un contrato mientras presidía el Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto que asoló la costa ecuatoriana hace casi 8 años.
Al momento de solicitar el asilo político a México, el exfuncionario se encontraba en pre-libertad, luego de cumplir más de cinco años de cárcel y recibir el beneficio de la unificación de dos penas en su contra por el caso Sobornos 2012-2016 (por presunta irregularidad en el financiamiento de la campaña electoral de su agrupación política) y por el caso Odebrecht.
El 18 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que el exfuncionario ecuatoriano ingresó a su sede diplomática y señaló que, de presentar su solicitud de asilo, procedería a hacer el correspondiente análisis “de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte”.
La víspera, la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) no logró dar paso al levantamiento de la inmunidad para iniciar un proceso penal contra Glas sobre el caso Reconstrucción de Manabí, lo cual ha generado una polémica sobre la competencia del órgano parlamentario en este caso, debido a que Glas ya no ejerce el cargo de vicepresidente.
En un comunicado, la bancada legislativa del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC, izquierda), agrupación de la cual el exvicemandatario es militante, dijo que si bien se han tomado decisiones anteriores en este contexto, estas irrespetaban el mandato constitucional que faculta al Legislativo para decidir la continuación de un proceso sobre declarar la improcedencia de un pedido de este tipo.
