(TelesurTv).- La Fiscalía General de Perú ha iniciado una investigación contra el Primer Ministro de Perú, Alberto Otárola, por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con la contratación de una empresa para prestar servicios al Estado.
Las investigaciones se centran en la presunta contratación irregular de Rosa Rivera Bermeo en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encargada de dirigir la estrategia nacional de lucha contra las drogas.
En una publicación en la red social “X”, la Fiscalía de la Nación anunció que ha iniciado una investigación preliminar contra Luis Otárola, Presidente del Consejo de Ministros, como presunto instigador del delito de colusión en sus modalidades simple y agravada, en perjuicio del Estado. Estas acusaciones se relacionan con la supuesta contratación de Rosa Rivera Bermeo en Devida.
La supuesta trama de corrupción se hizo pública el 17 de septiembre a través del programa de televisión “Panorama”, que reveló que Rosa Rivera y Yaziré Pinedo obtuvieron puestos en instituciones públicas después de reunirse con Otárola en diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Según “Panorama”, el 2 de marzo de este año, el Primer Ministro y Rivera tuvieron una reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros que duró media hora. Tras esta reunión, se firmaron dos contratos con Devida por un valor de 27,000 soles, aproximadamente 7,000 dólares al tipo de cambio actual.
Posteriormente, Yaziré Pinedo obtuvo beneficios con contratos en el Ministerio de Defensa, donde el contrato ascendió a 53,000 soles, es decir, más de 13,500 dólares.
No obstante, la investigación preliminar de la Fiscalía se ha centrado en el caso de Devida. Además del Primer Ministro, las investigaciones también incluyen a Carlos Figueroa, Presidente Ejecutivo de Devida, así como al Gerente General de la entidad, Martín Villafuerte, quienes enfrentan acusaciones de colusión simple y agravada, respectivamente.
Esta investigación revela una creciente preocupación por la corrupción en las contrataciones públicas en Perú y sus posibles implicaciones políticas. La Fiscalía continúa recopilando evidencia en este caso.
