La Corte Suprema de Perú rechazó este miércoles la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo, que pretendía dejar sin efecto la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por presunta organización criminal, tráfico de influencia y colusión agravada.
La Sala Penal Permanente, bajo la ponencia del juez supremo César San Martín, declaró por unanimidad infundado el pedido del equipo legal de Castillo (2021-2022).
“La razón para resolver el caso fue que no existe regla jurídica que impide a la fiscal de la Nación adelantar diligencias preliminares contra un presidente de la República en funciones”, justificó.
Ante esto, desestimó el recurso, al considerar que “no se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante”.
El exjefe de Estado fue sentenciado a 36 meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal. Además, cumple 18 meses de cárcel por presunta rebelión y conspiración, tras su intento de disolver el Congreso.
