La Comisión Permanente del Congreso de Perú archivó este miércoles una denuncia constitucional presentada contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y exministros de su Administración por su responsabilidad en los muertos y heridos producto de la represión policial en las recientes protestas antigubernamentales, informa la prensa local.
Además de Boluarte, la denuncia incluía al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe del Gabinete Alberto Otárola, y el exministro del Interior César Cervantes.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró en mayo improcedente la denuncia, argumentando que durante las protestas sociales hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.
Asimismo, señaló que existe un marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia. Además, aclaró que los hechos recogidos en la denuncia constitucional están en proceso de investigación en el Congreso y el Ministerio Público, por lo que todavía no se ha determinado la responsabilidad de algún funcionario.
“No representaban una amenaza”
Según datos de la Defensoría del Pueblo peruano, las protestas antigubernamentales, que estallaron el 7 de diciembre del año pasado y continuaron hasta febrero, dejaron un saldo de 67 muertos.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán, una de las impulsoras de la denuncia, criticó la decisión de la Comisión Permanente del Congreso. En su intervención en la sesión legislativa de este miércoles, citó los testimonios de un policía quien admitió que en la ciudad de Juliaca se emplearon fusiles de asalto y que los agentes de seguridad fueron armados “como si de una guerra se tratara”.
Bazán también dio datos de que 15 de los fallecidos eran transeúntes, tres eran observadores y otros tres eran personas que estaban brindando ayuda a los heridos. “Ellos no representaban una amenaza”, subrayó.
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