Desde el pasado miércoles por la noche en Brasil, cada vez que los usuarios de Telegram intentan enviar o recibir mensajes de sus contactos se topan con una inesperada realidad: la popular aplicación de mensajería está fuera del aire. Los mensajes se quedan parados y nada nuevo les llega.
¿La razón? La Justicia Federal del estado de Espírito Santo (sudeste de Brasil) ordenó su suspensión temporal de la plataforma después de que solicitara, sin obtener respuesta, datos sobre grupos neonazis que usan Telegram supuestamente con fines perversos.
Todo empezó a raíz de la investigación tras un ataque en dos escuelas en el municipio de Aracruz, que dejó cuatro muertos y varios heridos. La Policía Federal (PF) quería saber si el asesino había interactuado con dos grupos en Telegram que estarían incentivando a los jóvenes a compartir y practicar actos antisemitas y acciones terroristas, por ejemplo, en escuelas.
Grupos antisemitas
En el celular del asesino –exalumno de una de las escuelas e hijo de un Policía Militar– se encontraron mensajes del canal “Movimento Anti-Semita Brasileiro” y de otro chat de esa misma naturaleza. Por ese motivo, las autoridades le pidieron a Telegram que suministrara datos de los integrantes de esos grupos, bajo amenaza de suspensión por incumplimiento.
El pasado viernes, Telegram envió informaciones a la PF, pero a la corporación le parecieron insuficientes.
Como dijo el juez Wellington Lopes da Silva en su decisión, “la empresa solo cumplió parcialmente con la orden judicial que se le dirigió, ya que se limitó a proporcionar información solo del administrador (y no de todos los usuarios)”, del primer grupo y ninguna de los usuarios del segundo.
Telegram argumentó a la PF que esos dos grupos ya habían sido borrados y que, para recuperar los datos, era necesario el número de teléfono del usuario.
Pero para el juez, quedó demostrado “el evidente propósito de Telegram de no cooperar con la investigación en curso”, así que determinó su “suspensión temporal” y le impuso una multa diaria de cerca de 200.000 dólares hasta que cumpla con su petición.
“Sabemos que esos grupos están en la base de la violencia contra nuestros niños y nuestros adolescentes”, dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino.
Un historial de polémica
Esta no es la primera vez que Telegram se encuentra en el centro de una controversia relacionada con el contenido en línea en Brasil y en otros países. La plataforma, que se jacta de ser “sinónimo de libertad y privacidad” a la hora de compartir información, es frecuentemente acusada de ser utilizada por grupos extremistas y para difundir información falsa.
El año pasado, un juez de la Corte Suprema ya ordenó temporalmente su suspensión, tras acusarla de no colaborar con las autoridades. En en ese caso, por no bloquear perfiles ni proporcionar información vinculada al bloguero Allan dos Santos, un aliado del entonces presidente Jair Bolsonaro, acusado de difundir información falsa.
“Defenderemos a nuestros usuarios”
Tras esta última suspensión en Brasil, el cofundador y CEO de Telegram, Pável Dúrov, anunció en un comunicado su intención de apela el fallo. Según él, la información solicitada por la PF es “tecnológicamente imposible de obtener”, y prometió defender la “privacidad y la libertad de expresión” de los usuarios.
“Cueste lo que cueste, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a una comunicación privada”, escribió el empresario en su canal de la aplicación.
“Si bien estos eventos son desafortunados, aún son preferibles a la traición de nuestros usuarios y las creencias en las que se fundó nuestra plataforma”, dijo.
Críticas y movilización para alternativas
La medida del juez revivió la controversia y desató un aluvión de críticas por parte de los usuarios, algunos de los cuales la calificaron de “censura” propia de una “dictadura”, mientras otros la calificaron de inútil o de perjudicial para los que trabajan con esa herramienta.
“Gracias al bloqueo de Telegram por la justicia brasileña, ahora cualquier grupo de locos asesinos podrá usar la red tranquilamente, sin ser incomodado. Usarán la plataforma con VPN”, criticaron en redes sociales.
Otros, dejaron mensajes con supuestas maneras de burlar el bloqueo para que la aplicación funcione.
PL de las fake news
Todo lo relativo a la libertad de expresión y sus límites está muy politizado en Brasil, donde tres cuartas partes de sus más de 210 millones de habitantes usa las redes sociales. El asunto es un divisor de aguas entre el oficialismo, que es partidario de regular las redes, y el bolsonarismo, que defiende el derecho a expresarse sin ningún tipo de límites.
La semana que viene la Cámara de Diputados votará un proyecto de ley, bautizado como “PL de las fake news”, sobre la regulación de las plataformas que, entre otras cosas, prevé castigar a aquellos que divulguen noticias falsas con fines electorales o responsabilizar a las plataformas por los daños causados por esos contenidos.
El texto está en trámite en el Congreso de Brasil desde 2020, pero ganó fuerza después que el pasado 8 de enero bolsonaristas radicales, coordinados a través de grupos por los redes sociales, invadieran salvajemente el presidencial Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).
