La imposición de arresto domiciliario y garantía económica ” no cambia la vida de Gonzalo Castillo“, afirmó la defensa del exministro de Obras Públicas y también excandidato presidencial.
Tras concluirse la audiencia en la que se le impuso la coerción al exfuncionario, su abogada Laura Acosta aseguró que desde el 5 de julio del 2020, su cliente “solo va a su trabajo y las únicas dos veces que ha salido del país ha pedido permiso”.
Agregó que el Ministerio Público basó su pedimento de solicitud de prisión preventiva en el supuesto riesgo de obstaculización de la investigación y amedrentar testigos y que la jueza dijo “claramente que en el caso de Gonzalo Castillo este riesgo ella no lo verifica”.
Acosta, junto a su compañero Luis Rivas, defensores de Castillo, sostuvo que el órgano acusador tampoco aportó los elementos de pruebas en los cuales demostrara el peligro que representaba su cliente para interferir en la pesquisa.
“Sin embargo al establecer que es una investigación compleja (la jueza) decidió imponer una medida de coerción para garantizar su presencia en el proceso”, indicó.
La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, solo envío a prisión por Operación Calamar a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, de los seis a los que el Ministerio Público la solicitó.
A los otros 18, incluido a Castillo, se les dictó arresto domiciliario, garantías económicas y presentación periódica.
14, de los 20 imputados en la supuesta red descubierta en Operación Calamar, con la que se estafó al Estado con más de 19,000 millones en la compra de propiedades a particulares para ser declarados de utilidad pública, colaboran con el Ministerio Público en la investigación y admitieron los hechos en los que se les señala.
Del dinero de la estafa, Gonzalo Castillo habría recibido casi 4,000 millones para la campaña política.
