A propósito de la “Operación Calamar” del Ministerio Público

Por: Kinller E. Moquete

La mañana de hoy, despertamos con la noticia de que el Ministerio Público había realizado más de 40 allanamientos, con participación de igual número de fiscales en el Distrito Nacional y al menos unas 4 provincias del país, en lo que esta institución ha llamado Operación Calamar, en el que habrían sido detenidos una treintena de ex funcionarios de alto perfil del gobierno de Danilo Medina (2012 – 2020).

La sociedad civil y algunos espacios de investigación de medios de comunicación, por muchos años han denunciado sonados casos de supuesta corrupción como el caso del Metro Santo Domingo, Odebretch, Atiemar, Tucanos, Antipulpo, Coral, Caral 4G, Operación 14, Las Mochilas, entre muchos otros, sin que, hasta hace relativamente poco tiempo, desde el Ministerio Público se actúe en la dirección de investigar, documentar y someter casos penales efectivos.

Personalmente, me siento muy complacido con la lucha que lleva a cabo el Ministerio Público en la búsqueda de llevar a la justicia y sancionar a quienes han depredado el patrimonio del Estado, pues pienso que es la única forma de acabar con una cultura de corrupción en nuestro país.

Perseguir a los presuntos malhechores y obtener sentencias en firme, es el mejor control para quienes hoy gestionan la cosa pública, de modo que se aseguren de enmarcar en la ley sus actuaciones.

Sobre la capacidad instalada en el Ministerio Público:

Igual, pienso que la capacidad instalada en el Ministerio Público es insuficiente para investigar, perseguir y someter a los señores de la corrupción, esos que por tantos años dañaron a nuestro país.

Debemos fortalecer la institucionalidad y la capacidad en en terminos de recursos humanos, infraestructura y equipos del ministerio público, de modo que aseguremos capacidades técnicas, investigativas y tecnológicas que permitan llevar procesos judiciales que terminen sentencias en firme.

Nunca me alegraré de la desgracia ajena, aunque, aunque sí de ver que se trabaja en la instauración de un soñado y reclamado régimen de consecuencias.

Apoyemos las actuaciones del Ministerio Público, en la medida en que actúen en el marco del debido proceso y garantías, procurando siempre sanciones contra los infractores, con independencia de su condición social, económica o política.

Señales esperanzadoras:

Se presentan señales esperanzadoras, pues, por un lado, el Poder Ejecutivo emite una serie de Decretos que vienen a disponer la implementación de las Comisiones de Éticas e Integridad Gubernamental, la implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno y de Cumplimiento Regulatorio en las instituciones públicas.

Por otro lado, vemos un ministerio publico al cual se le ha promovido e instruido a actuar sin ningún tipo de influencia políticas en el ejercicio de sus funciones.