Dr. Isaías Ramos

Hay algo más grave que una verja frente al mar: la convicción de que quien la levanta puede decidir qué dominicano merece llegar hasta el agua.

Para justificar la exclusión, se invocan el ruido, la basura, la inseguridad, el incivismo o el supuesto “perfil” de quienes desean entrar. Comparto la preocupación por el orden. Pero el Estado de derecho sanciona conductas; no selecciona ciudadanos por su apariencia, color de piel, procedencia o condición económica. Las opiniones se debaten; los actos discriminatorios se sancionan.

La playa es patrimonio común. Convertir el mar en una frontera social o en un privilegio reservado humilla a la ciudadanía.

La Constitución es inequívoca: las playas y costas son de dominio público y de libre acceso, respetando la propiedad privada legítima; mientras que el artículo 39 consagra el derecho a la igualdad. Un hotel puede proteger sus instalaciones, pero no puede extender su autoridad hasta el mar. Una pulsera no vale más que la Constitución. La seguridad privada puede custodiar propiedades; no administrar ciudadanía.

El Estado tampoco puede invocar carencias cívicas que él mismo ha contribuido a perpetuar: el artículo 63, numeral 13, de la Constitución le exige promover la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, los derechos y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica.

La respuesta no es privatización ni permisividad: es autoridad pública con igualdad.La franja marítima de sesenta metros a partir de la pleamar, reconocida por la legislación como parte del dominio público marítimo-terrestre, debe ser protegida y delimitada; y los accesos públicos ilegalmente obstruidos deben ser recuperados conforme al debido proceso. El Estado debe garantizar vigilancia, prevención y capacidad de respuesta las 24 horas, de acuerdo con la afluencia de personas y el riesgo ambiental.

POLITUR garantizaría la seguridad; los salvavidas protegerían vidas; los municipios asegurarían la limpieza y el saneamiento; mientras que Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) protegerían los ecosistemas. La convivencia no puede depender del juicio de un vigilante, sino de reglas públicas y uniformes. El ruido, la basura, el acoso, la violencia y el daño ecológico deben sancionarse por igual.

La seguridad privada debe terminar donde termina la propiedad privada.

Quien no puede apropiarse socialmente de la playa tampoco debería apropiarse económicamente de su valor sin compensar a la Nación.

Durante décadas se ha repetido que “el turismo aporta mucho”. Mueve mucho dinero; otra cuestión es cuánto de ese movimiento beneficia efectivamente al pueblo. Las cifras brutas son la espuma. El chocolate es lo que reciben los trabajadores y las comunidades, lo que pagan las empresas y lo que obtiene la Nación por aportar el patrimonio natural que sostiene el negocio.

En 2023, la categoría oficial de Hoteles, Bares y Restaurantes —más amplia que la hotelería— registró RD$33,494 millones. De ese monto, casi RD$23,370 millones correspondieron a ITBIS pagado por los consumidores. En la medición comparable de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), su recaudación tributaria equivalió al 7.1 % del valor agregado, frente al 10.9 % del conjunto administrado. No puede atribuirse íntegramente al capital hotelero el impuesto pagado por el huésped o retenido al trabajador.

Asimismo, Hacienda estima para 2026 unos RD$14,692 millones de gasto tributario atribuido al turismo; casi la mitad correspondería a beneficios patrimoniales. El salario mínimo base de los grandes hoteles es de RD$21,840, frente a RD$29,988 en las grandes empresas no sectorizadas. Las propinas y prestaciones pueden elevar el ingreso total, pero no eliminan esa diferencia.

El pueblo aporta la playa. El Estado aporta exenciones, infraestructura, promoción y seguridad. El consumidor aporta impuestos y propinas. El trabajador aporta su esfuerzo por un salario base inferior. Las comunidades absorben residuos y presión ambiental. Cuando la competitividad depende de privilegios públicos no evaluados, deja de ser productividad: se convierte en rentismo subsidiado, privatización de las rentas y socialización de las cargas.

El país no debe escoger entre inversión y soberanía. Necesita una alianza adulta: seguridad jurídica para quien invierte, dignidad para quien trabaja, orden para quien visita y un retorno justo para la Nación.

Por estas razones, el Frente Cívico y Social propone una Ley de Recuperación, Ordenamiento y Retorno Social del Litoral. Esta incluiría una Contribución de Retorno Litoral de US$30 por adulto no residente, por noche, sin distinción de nacionalidad. Se aplicaría a establecimientos de primera línea que comercialicen su ubicación o el disfrute inmediato del litoral. Los menores quedarían exentos y las pequeñas hospederías tendrían un régimen proporcional. El establecimiento sería el obligado y el mercado determinaría cuánto absorbe y cuánto traslada al precio.

Los US$30 permitirían recuperar parte del valor del litoral y de los costos públicos y ambientales asociados a cada pernoctación. No constituirían una entrada ni otorgarían exclusividad. Caminar, bañarse y permanecer en la playa seguiría siendo libre y gratuito. Todo uso comercial especial requeriría una concesión temporal, no exclusiva, y un canon independiente. Pagar no compra la playa.

Según datos citados del Banco Central, cada visitante extranjero no residente gasta US$187.30 diarios y permanece un promedio de 8.3 noches. La contribución propuesta equivaldría a cerca del 16 % de ese gasto diario y a US$249 por una estadía promedio. Asimismo, casi nueve de cada diez visitantes encuestados califican los precios como aceptables, bajos o muy bajos.

Una simulación sobre una base costera estimada de unos 37 millones de pernoctaciones arroja un techo aritmético de US$1,110 millones anuales. No se trata de una proyección: habría que descontar menores, pequeñas hospederías, elasticidad de la demanda, evasión y eventuales cambios en la duración de las estadías. Sin embargo, el cálculo permite dimensionar el retorno potencial.

Los recursos ingresarían a una subcuenta específica dentro de la Cuenta Única del Tesoro y serían asignados según afluencia, riesgo, vulnerabilidad ambiental y necesidades debidamente auditadas. La prioridad sería garantizar, sin interrupciones, seguridad, salvamento, limpieza, saneamiento, educación cívica, vigilancia ambiental y restauración. Cubiertas esas obligaciones, el remanente podría destinarse a reducir el déficit y la deuda. Cada peso, contrato y resultado deberá publicarse y auditarse.

No buscamos reducir el turismo ni convertir el país en un enclave de lujo. Proponemos que la actividad retribuya mejor el valor público que aprovecha y los costos que genera. Si el crecimiento del volumen se modera, pero cada visitante genera mayor valor y recaudación con menor presión ambiental, no sería un retroceso: sería madurez turística.

Ni playas privadas ni playas sin ley: playas públicas, ordenadas, limpias, seguras y cuidadas para la Nación.

La playa seguirá siendo gratuita para el pueblo. Su aprovechamiento comercial privilegiado dejará de ser gratuito para quienes hacen negocio con ella.