Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de haber obtenido ilícitamente unos 220 millones de archivos de votantes estadounidenses, episodio que calificó como la mayor filtración de datos electorales registrada en la historia.
Durante un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump anunció la divulgación de documentos previamente clasificados sobre vulnerabilidades del sistema electoral, actuaciones de gobiernos extranjeros y acontecimientos relacionados con los comicios presidenciales de 2020.
El mandatario sostuvo que la información recopilada por China incluía nombres, direcciones, números telefónicos, preferencias partidarias y otros datos utilizados durante los procesos de inscripción electoral.
Sin embargo, los documentos publicados no demuestran que el Gobierno chino alterara registros oficiales, modificara votos, penetrara los sistemas utilizados para contarlos o cambiara el resultado de las elecciones presidenciales.
Archivos estaban disponibles en sitios comerciales
Uno de los documentos divulgados por la Casa Blanca indica que los registros correspondientes al período 2013-2021 estaban disponibles para descarga en sitios comerciales y que aparentemente fueron obtenidos por China en 2022.
Expertos en tecnología electoral explicaron que la adquisición de información de votantes no significa necesariamente que fueran vulneradas las bases de datos administradas por los estados o las autoridades locales.
En distintas jurisdicciones estadounidenses, parte de la información contenida en los padrones puede ser adquirida legalmente por partidos, candidatos, investigadores y otras entidades autorizadas.
La documentación difundida tampoco permite concluir que los 220 millones de archivos correspondan a igual número de personas únicas, debido a que comprende información acumulada durante varios años.
Trump denuncia supuesto encubrimiento
Trump afirmó que funcionarios de la comunidad de inteligencia restaron importancia a la actuación china y ocultaron información tanto a su Gobierno como a la ciudadanía.
La Casa Blanca sostiene que las agencias comenzaron a recibir información en 2020 sobre datos electorales de 18 estados que habrían sido comprados, sustraídos o obtenidos mediante ataques informáticos por actores chinos. También afirma que Pekín asignó una unidad para analizar la información.
El presidente relacionó esos datos con supuestos esfuerzos de China para perjudicar su campaña de reelección y socavar su primera administración.
No obstante, la información desclasificada refleja que existieron diferencias entre analistas estadounidenses sobre las intenciones de Pekín, pero no presenta evidencia de que China lograra manipular el proceso de votación.
Informe de inteligencia de 2021 llegó a otra conclusión
Una evaluación oficial publicada en marzo de 2021 concluyó, con alta confianza, que China consideró realizar operaciones para influir en las elecciones, pero finalmente no desplegó acciones dirigidas a cambiar el resultado presidencial.
El mismo informe estableció que ningún actor extranjero intentó modificar aspectos técnicos del proceso electoral de 2020, como el registro de votantes, la emisión de sufragios, el conteo o la divulgación de resultados.
La evaluación sí incluyó una opinión minoritaria del responsable nacional de inteligencia para asuntos cibernéticos. Esa posición sostenía que China había adoptado algunas medidas para perjudicar las posibilidades de reelección de Trump mediante declaraciones públicas, redes sociales y otras acciones de influencia.
Incluso esa opinión minoritaria reconocía que no existía información que indicara intentos chinos de interferir directamente en los procedimientos electorales.
No hay evidencia de que fueran cambiados votos
Trump presentó la obtención de los registros como una grave amenaza para la seguridad electoral, debido a que la información podría utilizarse para campañas de desinformación, suplantación de identidad, presión política o ataques dirigidos.
La disponibilidad de esos datos puede representar riesgos de privacidad y facilitar operaciones de influencia. Sin embargo, no prueba por sí misma que fueran creadas inscripciones fraudulentas, emitidos votos ilegales o modificados resultados electorales.
Auditorías, recuentos, decisiones judiciales y revisiones realizadas después de los comicios no encontraron evidencias de un fraude generalizado que alterara la victoria de Joe Biden en 2020.
China rechaza las acusaciones
El Gobierno chino negó haber interferido en las elecciones estadounidenses y calificó las afirmaciones de Trump como acusaciones sin fundamento.
El portavoz de la Cancillería, Lin Jian, aseguró que Pekín no tiene interés en intervenir en los procesos electorales de Estados Unidos y pidió a Washington dejar de responsabilizar a China sin presentar evidencias concluyentes.
La respuesta llega después de que ambos países anunciaran en mayo acuerdos dirigidos a estabilizar sus relaciones comerciales y estratégicas, aunque mantienen diferencias sobre tecnología, seguridad, comercio y política exterior.
Trump impulsa nuevas restricciones electorales
El presidente utilizó el discurso para solicitar al Congreso la aprobación de la denominada SAVE America Act.
La propuesta exigiría documentos que acrediten la ciudadanía al momento de inscribirse para votar e identificación oficial con fotografía para participar en los comicios federales.
Sus defensores consideran que las medidas aumentarían la confianza y evitarían inscripciones ilegales. Sus críticos advierten que podrían crear obstáculos para ciudadanos que no poseen pasaporte, acta de nacimiento accesible u otros documentos requeridos.
La iniciativa no había logrado los apoyos necesarios para avanzar en el Senado al momento del discurso.
Seguridad electoral regresa al centro del debate
La intervención de Trump ocurrió meses antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026 y reabrió el debate sobre el control de los padrones, la identificación de los electores y la protección de la infraestructura tecnológica.
La obtención de información personal por gobiernos extranjeros constituye un problema legítimo de seguridad y privacidad. Sin embargo, debe diferenciarse entre adquirir datos de votantes, realizar campañas de influencia y penetrar los sistemas técnicos para modificar una elección.
Los documentos divulgados respaldan la existencia de vulnerabilidades y discusiones internas sobre la conducta de China, pero hasta ahora no demuestran que Pekín cambiara votos ni determinara el resultado de los comicios presidenciales de 2020.
