La Federación Interamericana de Abogados – FIA tiene como misión promover el Estado de derecho y, entre sus principales objetivos el de velar por el respeto de los derechos humanos y por su plena vigencia. Como gremio que reúne a los abogados del continente, de España, Inglaterra y Francia, con ochenta y cuatro años de existencia en la vida político-jurídica de las Américas, es un referente para los Estados como sujetos del derecho internacional.
Para resolver la crisis político y socio económica de Venezuela, sentando las bases para encarar las elecciones presidenciales a realizarse en el segundo semestre de 2024, el Gobierno de Maduro y un grupo de partidos de oposición conocido como la Plataforma Unitaria pactaron el 17 de octubre de 2023 el Acuerdo de Barbados, poco antes de la realización de elecciones primarias en ese país. El Acuerdo de Barbados con el que se culminó un proceso de negociación que se prolongó durante casi dos años, teniendo como facilitador a Noruega, implicó el compromiso del gobierno venezolano para el otorgamiento de garantías electorales, incluyendo una actualización del registro electoral, la inscripción, al menos de una parte, de la numerosa diáspora venezolana, la invitación que el Consejo Nacional Electoral debe cursar a misiones internacionales de observación, entre ellas delegaciones de la UE, la ONU, la Unión Africana y el Centro Carter, igualdad en el acceso a los medios de comunicación, entre otros. El Acuerdo de Barbados también estableció que las partes promoverían la habilitación de todos los candidatos presidenciales y partidos políticos “siempre que cumplan los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”.
La Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció el pasado 26 de enero ocho sentencias sobre las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República en contra de dirigentes políticos de oposición, entre ellas la Sentencia Nº 00005 de 26 de enero de 2024 en el expediente 2023-0461 que corresponde a la demanda de reclamación conjuntamente una acción de amparo cautelar contra vías de hecho ejercidas por la Contraloría General de la República planteada por la ciudadana María Corina Machado Parisca. En dicha Sentencia se ratificó la inhabilitación de dicha ciudadana para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años, de conformidad con la Resolución Nº 01-00-0000285 de 16 de septiembre de 2021 de dicha entidad.
Las inhabilitaciones administrativas de María Corina Machado y de Henrique Capriles, lideres de la oposición, fueron firmemente condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Comunicado de 31 de enero de 2024, manifestando que “ningún órgano administrativo puede restringir derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”. También el Parlamento Europeo y el gobierno norteamericano condenaron la inhabilitación política de María Corina Machado.
Por todo ello, la Federación Interamericana de Abogados, decide:
PRIMERO.- Exigir el cumplimiento del Acuerdo de Barbados pactados entre el gobierno venezolano y la oposición, para que se garantice una coexistencia política pacífica asegurando que las elecciones presidenciales a realizarse en el segundo semestre de 2024 sean verazmente libres, transparentes y justas.
SEGUNDO.- Instar al gobierno venezolano y a la oposición a continuar en la mesa de negociación para resolver futuros estancamientos en la implementación de los acuerdos iniciales y avances, hasta lograr el retorno de Venezuela a una democracia plena.
TERCERO.- Apoyar todos los esfuerzos que se realicen para la reconstrucción de su país que aseguren el retorno a la estabilidad política y económica.
