Santo Domingo, – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó participó en la presentación de los resultados de un proceso de peer review realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de recibir retroalimentación experta sobre la efectividad de sus prácticas.
En la actividad, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que el informe es un análisis minucioso de lo que es el derecho y las políticas de competencia de la República Dominicana, que ayuda a eliminar las barreras burocráticas, a reflexionar lo que son políticas de competencias que están comprometidas en seguir avanzando para como país se siga promoviendo de manera más favorable a todos los sectores.
De su lado, Bisonó dijo que el estudio es un proceso voluntario que ha llevado a cabo el gobierno con dedicación y esfuerzo junto a otras entidades, lo que constituye una muestra del compromiso asumido con el desarrollo de la política y legislación de competencia.
“Este proceso voluntario, que se ha llevado a cabo con dedicación y esfuerzo bajo la tutela de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo, constituye una muestra del compromiso que como país hemos asumido con el desarrollo de la política y legislación de competencia, en consonancia con los estándares internacionales”, subrayó el ministro Bisonó.
Señaló que en la actualidad se está viviendo una evidencia inequívoca sobre cómo la presente gestión de gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader, valora y prioriza la transparencia, la eficiencia y la justicia en el ámbito de la competencia.
Asimismo, dijo que celebra el hecho de que, tras la adopción de la Ley de Competencia en 2008, y su entrada en pleno funcionamiento en 2017, el país ha procurado promover y garantizar la competencia efectiva en los mercados de productos y servicios, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA).
Valoró que las recomendaciones presentadas hoy por los Exámenes Inter-Pares OCDE-BID ofrecen una hoja de ruta clara para continuar fortaleciendo la política de competencia.
En esa misma línea, expresó que para RD constituye una prioridad contar con leyes que reformen y fortalezcan su marco de competencia, y que éstas se erijan sobre una robusta y eficaz estructura institucional.
Dijo que la implementación de leyes que propicien una competencia leal entre las empresas que fomentan la innovación, la eficiencia y la mejora continua de productos y servicios, lo que conlleva a mayores beneficios para los consumidores.
Resaltó que competencia justa es sinónimo de eficiencia económica, ya que las empresas buscan mejorar sus procesos y ofrecer productos y servicios de alta calidad a precios competitivos.
Autoridades presentes
A la actividad asistieron, Fior D’aliza Alduey Mercedes, directora de Procompetencia, Ministerio de Interior y Policía, Mario Pujols, Ricardo de los Santos, presidente del Senado del República Dominicana, Mario Pujols, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, entre otros.
Sobre la presentación
Expertos de la OCDE y el BID analizaron detenidamente las políticas y leyes de competencia de la institución dominicana, y evaluaron su coherencia con las mejores prácticas internacionales y su impacto en la promoción de la competencia efectiva en el mercado.
Los resultados del estudio fueron expuestos por Frederic Jenny, presidente del Comité de Competencia de la OCDE, y Mario Umaña, especialista en Competencia y Regulación del BID.
Algunas de las recomendaciones del estudio fueron: Adoptar un marco común de competencia, que incluya normas sustantivas y de procedimiento, y que se aplique de manera uniforme en todos los sectores; reforzar los recursos presupuestarios y humanos dedicados a la aplicación de la competencia en la República Dominicana; permitir a ProCompetencia priorizar las acciones de aplicación y defensa basadas en criterios transparentes, incluyendo el poder de no tomar acciones de aplicación o cerrar investigaciones en función de sus prioridades y/o disponibilidad de recursos.
