(Actualidad Rt).- Con una camiseta en la que se leía “intervención militar ya”, el exfuncionario Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, fue detenido dentro del Congreso Nacional de Brasilia, el pasado 8 de enero, cuando hordas de enfurecidos bolsonaristas atacaron las sedes de los tres poderes, en protesta por la victoria en las elecciones de Luiz Inácio Lula da Silva.
Aquel día, Pereira publicó un video en las redes en el que se le veía sentado en la mesa del presidente del Senado, diciendo: “Va a funcionar, no nos desanimemos”. Él y otros tres acusados –Thiago de Assis Mathar, 43 años; Moacir José dos Santos, de 52 años; y Mateus Lima de Carvalho Lázaro, de 24– se enfrentan este miércoles al primer juicio por esta causa en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Todos responden de los delitos de “depredación de edificios públicos y de los delitos de asociación delictuosa armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave, con el uso de una sustancia inflamable”.
El juez Alexandre de Moares abrió la sesión recordando que los ataques del 8 de enero se realizaron con un “odio irracional” y “casi patológico” contra la democracia. También hizo hincapié en lo “simbólico” que resulta que el juicio se lleva a cabo en el STF, uno uno de los lugares atacados por los radicales.
Está previsto que los jueces evalúen de manera individual cada uno de los casos. Precisamente, los abogados de los acusados alegan la “falta de individualización” para pedir la absolución de sus clientes, que niegan su implicación en actos contra bienes públicos o de violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad.
“Una marcha pacífica”
Los cuatro hombres sostienen que viajaron a Brasilia para una “marcha pacífica”. Por su parte, en sus alegaciones a finales de agosto, la Fiscalía pidió que 40 detenidos –incluidos los cuatro de este miércoles– sean condenados a penas de hasta 30 años y exigió que las condenas sean “ejemplares”.
La Fiscalía presentó un total de 1.390 denuncias contra personas acusadas de participar en los ataques. Todavía no hay fecha para el resto de juicios.
El propio expresidente Jair Bolsonaro, que tiene suspendidos sus derechos políticos por ocho años por un caso de fraude, es investigado por su presunta incitación a los ataques.
De Moraes decidió incluir a Bolsonaro –que en el momento de los asaltos estaba fuera del país– en la megacausa, debido a un mensaje colgado días antes de los ataques, en el que cuestionaba la fiabilidad de las urnas.
“Castigar a los autores de los atentados es un capítulo esencial para contener la circulación de teorías golpistas, impulsadas en los últimos años por el sector público”, consideró el periodista Bruno Boghossian.
Y continuó: “Condenar a los invasores ciertamente no eliminará los deseos autoritarios de una porción considerable de la población, pero debería dejar claro que la democracia no tolera conspiraciones de esta naturaleza”.
