El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas contra los imputados. El fallo, emitido la noche del domingo luego de que el magistrado se reservara la decisión el viernes anterior, fue calificado por el Ministerio Público como un reconocimiento a la solidez de su investigación.
«Este es un reconocimiento del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, nos parece una decisión razonable», señaló el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, al término de la audiencia que inició pasadas las 9:00 de la noche y concluyó alrededor de las 10:00 de la noche.
Medidas de coerción impuestas
La prisión preventiva por 18 meses recayó sobre Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. También se impuso prisión preventiva a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, recluidas en el CCR Najayo Mujeres.
El arresto domiciliario fue impuesto a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Adicionalmente, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo enfrentan una garantía económica de 2 millones de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario. A Martha María Saldaña Saldaña se le fijó una garantía de 3 millones de pesos bajo las mismas condiciones adicionales.
José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron una garantía económica de 1 millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica. La revisión obligatoria de las medidas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026. El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional actuará como tribunal de control del proceso, declarado de tramitación compleja.
Advertencia a médicos y alcance de la investigación
Wilson Camacho aprovechó el momento para exhortar a los médicos a no prestar sus códigos de identificación profesional. «Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido», afirmó, y llamó a desarrollar una campaña de concientización dirigida al gremio médico.
El procurador adjunto también anticipó que la investigación sobre SeNaSa no concluye con esta fase. «Vamos a ir por más», advirtió Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García, y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Antecedentes: Cobra, Cobra 2.0-A y Onco14
La Operación Cobra 2.0-A se enmarca en una investigación mayor iniciada con la Operación Cobra, que resultó en el arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, y otros nueve coimputados. A los imputados se les acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En junio pasado, el Ministerio Público también ejecutó la Operación Onco14, que condujo al arresto de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, por fraudes que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y a pacientes con cáncer. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva; Vargas Sánchez, arresto domiciliario.
El Ministerio Público indicó que el esquema de corrupción fue sistemático e involucró sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico utilizados para distraer fondos públicos en perjuicio del Estado dominicano.
