La audiencia se celebró ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde la procuradora general de Corte de Apelación Lewina Tavárez Gil, directora de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, encabezó la representación del Ministerio Público junto a los fiscalizadores Rafael Reyes y Margaret Cabrera Morillo.
Los cuatro acusados son Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña. Según la acusación, habrían utilizado la sociedad HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) para captar recursos de particulares con falsas promesas de rendimiento.
Cómo operó el esquema fraudulento
De acuerdo con el expediente, los imputados ofrecían tasas de interés superiores a las del mercado y prometían la devolución íntegra del capital. Una vez captadas las víctimas, estas eran presionadas para abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener sus inversiones, sin recibir los beneficios prometidos.
El Ministerio Público les atribuye, según la participación de cada uno, los delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y lavado de activos. La acusación también incluye violaciones a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología y cooperativismo.
Estatus de los demás imputados
El Ministerio Público aclaró que Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, quien al inicio del proceso figuraba como acusado, participa ahora en calidad de testigo número seis en la oferta probatoria. Por otro lado, tres imputados adicionales —Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Yoirna Guzmán Contreras— permanecen prófugos de la justicia.
Las juezas Esmirna Gissel Méndez, Emely Bruno Almonte y Yudelka Desiré Brito presidieron la audiencia y la suspendieron al término de la jornada. La continuación quedó fijada para el viernes 23 de octubre de 2026, fecha en la que el Ministerio Público proseguirá con la incorporación de las pruebas que sustentan su acusación.
La Procuraduría y la persecución del delito financiero
La conducción del caso por parte de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros subraya el enfoque de la Procuraduría General de la República en la persecución de esquemas que afectan el patrimonio de ciudadanos a través de entidades financieras y cooperativas no reguladas o que operan fuera del marco legal establecido.
Con 113 víctimas identificadas y un monto combinado que supera los US$2.49 millones y RD$7.25 millones, este caso representa uno de los procesos por fraude financiero de mayor escala que se ventilan actualmente en los tribunales dominicanos. El seguimiento del juicio continuará en PáginaUno.
