Santo Domingo.- El Ministerio de Interior y Policía celebró el primer Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana con tres paneles, en los que expertos presentaron propuestas para fortalecer la seguridad desde la inclusión social y el respeto, y alcanzar una sociedad más equitativa y segura.
La actividad, realizada en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, fue organizada por el Viceministerio de Seguridad en los Sectores Vulnerables, dirigido por Chandrai Estévez, quien precisó la importancia de construir una sociedad más sostenible, mediante la promoción de los derechos como eje central en las políticas de seguridad.
Expresó que las mujeres y niños enfrentan una mayor vulnerabilidad en materia de trata, y los hombres a ser víctimas de homicidios, reafirmó el compromiso de la ministra Faride Raful, con los sectores más vulnerables, en línea con el presidente Luis Abinader y enfatizó que estos diálogos identifican los espacios frágiles y escuchan propuestas para diseñar políticas de protección.
En tanto, en el panel “Seguridad Ciudadana como base para sociedades inclusivas y sostenibles”, la fiscal titular del Departamento de Derechos Humanos, Danissa Cruz, destacó que, aunque la tasa de criminalidad en la República Dominicana ha disminuido, persiste discriminación contra adultos mayores, personas con discapacidad, o que viven con VIH, migrantes, trabajadores sexual es y comunidad LGBT.
Indicó que los adultos mayores son vulnerables a demencia e inseguridad y propuso políticas inclusivas, eficaces y sostenibles que garanticen la protección, mediante campañas informativas permanentes, programas de formación laboral y diálogos entre las autoridades y las comunidades.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, planteó la necesidad de vincular la sociedad con el Estado para erradicar la violencia y frenar la corrupción y la impunidad, que fomentan la inseguridad. Insistió en no proteger solo a los grupos privilegiados, sino también a los más marginados, para alcanzar una seguridad ciudadana efectiva.
Sobre el tema, el consultor internacional Elías Dinzey subrayó que debe existir un vínculo intrínseco entre la seguridad ciudadana y la pública, y aclaró que no deben confundirse ambos términos, porque la primera garantiza una vida digna, con protección y respeto, mientras la otra está centrada en el control del crimen.
En su ponencia, el secretario ejecutivo del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, destacó la importancia de la corresponsabilidad social en el cumplimiento de los deberes para exigir derechos y el respeto a la ley, según la Constitución.
En el segundo panel, “Políticas Públicas de Seguridad Integrales centradas en los derechos humanos”, el especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Hermógenes Acosta, destacó los avances del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos de personas vulnerables.
Citó sentencias claves, como la que prohíbe la expulsión de niños de los colegios, aunque sus padres no cumplan con las cuotas, esto para garantizar su desarrollo educativo.
Líderes comunitarios también expresaron sus preocupaciones
Elías Acosta, vocero de La Yagüita, en Los Jardines del Galá, Distrito Nacional, señaló la cercanía de negocios de expendio de bebidas alcohólicas a hospitales, escuelas e iglesias, que perturban la paz de quienes asisten a buscar servicios de salud, educación o religión.
Kenia Pérez, vocera del sector Villa Consuelo, solicitó crear mesas de diálogos con las comunidades y que las autoridades se acerquen a decenas de jóvenes que tienen el deseo de recibir capacitación.
Igualmente, Alexander Benjamín Pérez, del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), y quien tiene discapacidad motora, enfatizó en la necesidad de intérpretes de lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva y espacios accesibles para quienes tienen movilidad reducida.
Ley Orgánica de la Policía cuenta con un capítulo especial de Derechos Humanos
Luis Ernesto García, comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación de la Policía Nacional, detalló que trabajan en una política integral que contempla el Departamento de Derechos Humanos de la institución, mediante el Decreto núm. 643-24, que además establece un mecanismo de supervisión para garantizar la implementación de estas estrategias.
En el tercer panel “Política Integral de Derechos Humanos en el marco de la Reforma Policial”, el experto en seguridad y asesor de Interior y Policía, Daniel Pou, recomendó que los programas de reforma sean evaluados por actores externos y no por quienes los implementan, para garantizar un impacto real y los ajustes necesarios.
Además, John Huvane, asesor del Poder Ejecutivo en materia de Seguridad Ciudadana, insistió en que los policías deben ser entrenados bajo nuevas regulaciones para evitar el uso excesivo de la fuerza y priorizar el arresto sólo como último recurso.
En la actividad estuvieron presentes los viceministro, de Convivencia Ciudadana, Antonio de Palma Larancuent; de Control y Regulación de Armas y Municiones, Carlos Manuel Ogando Bidó, y de Seguridad Preventiva en los Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez.
Además, los expositores Neyra Paulino, directora de Derechos Humanos de la Cancillería; Sabrina Gil, consultora senior especializada en derechos de salud y humanos, inclusión y población en condiciones de vulnerabilidad; Bismarck Hernández, coronel de la Policía, otros oficiales y representantes de la Red de Cooperación Internacional.
